Bogotá, 22 de septiembre de 2026 (@DefensoriaCol).  El departamento del Tolima completó este 21 de septiembre 52 días continuos de incendios forestales.  De acuerdo con la información de la Gobernación del Tolima, en la mañana de este lunes se reportaron incendios, en diferentes niveles de control, en los municipios de Ataco, Prado, Ortega, Chaparral y Rovira. 

Situación general en el departamento

Desde el 1 de agosto y hasta la fecha se han presentado incendios diariamente y de forma ininterrumpida. Según el reporte de la Gobernación del Tolima, las conflagraciones han afectado más de 60.000 hectáreas, incluidos cultivos de limón, aguacate, mango, pastos destinados al ganado y áreas boscosas, entre otros, con pérdida de más de 75.000 toneladas de alimentos y 290.000 toneladas de pasturas. El daño al área boscosa también es muy grave, al afectar la flora, la fauna, nacimientos de agua, cambio de temperatura, entre otros impactos. Los incendios afectan a más de 5.500 productores en 1.182 veredas de 25 municipios del Tolima.
Frente a ello, la Defensoría del Pueblo mantiene un seguimiento permanente de la situación derivada de los incendios forestales y a sus impactos sobre los derechos de las comunidades, especialmente en lo relacionado con el acceso al agua, la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia, la vivienda y la protección del ambiente.

Los organismos de socorro, los cuerpos de bomberos, la Defensa Civil, la Fuerza Pública y las comunidades han unido esfuerzos para mitigar los incendios, mediante largas y exigentes jornadas. Durante los fines de semana se ha reportado un incremento aproximado de dos grados en la temperatura.

En este complejo panorama, la Defensoría del Pueblo reconoce el esfuerzo realizado por el campesinado, las juventudes, las comunidades en general, los cuerpos de bomberos, la Defensa Civil, la Fuerza Pública, las administraciones municipales, la Gobernación del Tolima y las demás entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Su compromiso ha permitido mitigar los incendios y evitar consecuencias aún mayores a las ya ocurridas.

Este escenario, caracterizado por la concurrencia de incendios y de los efectos del Fenómeno de El Niño, incrementa la preocupación por las consecuencias que las altas temperaturas ya generan sobre el recurso hídrico, los ecosistemas, las actividades agropecuarias y las condiciones de vida de las comunidades, especialmente en los territorios que enfrentan simultáneamente incendios forestales.

Los incendios forestales no representan únicamente una afectación ambiental. Su prolongación compromete derechos fundamentales y colectivos, entre ellos la vida, la integridad personal, la salud, el ambiente sano, el acceso al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo y los medios de subsistencia de las poblaciones afectadas. Por esta razón, la respuesta estatal frente a la emergencia debe mantenerse bajo un enfoque integral, preventivo, diferencial y basado en la protección de derechos humanos.

Las visitas y labores de seguimiento realizadas en los municipios afectados han permitido evidenciar necesidades relacionadas con el abastecimiento de agua para consumo humano; la protección y recuperación de los acueductos rurales; el fortalecimiento de los organismos de socorro; la atención de las afectaciones en viviendas; la recuperación de los medios de vida agrícolas y pecuarios; y la atención de la fauna silvestre impactada por los incendios. Por ello, la Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de fortalecer las acciones de gestión del riesgo de desastres y garantía de no repetición frente a esta emergencia y a los efectos del Fenómeno de El Niño.

Algunos de los hallazgos que hemos identificado son:

-    Desabastecimiento de agua

En el departamento se ha registrado una disminución de los caudales, por lo que nos preocupa el abastecimiento de acueductos veredales y municipales. Respecto a la falta del recurso vital el caso más grave documentado por la Defensoría del Pueblo se presenta en Ortega, Tolima, donde quince (15) veredas se encuentran sin agua y más de 1.500 familias no cuentan de manera permanente con este líquido vital. Actualmente, el abastecimiento se realiza con el apoyo de un carrotanque que acude aproximadamente cada veintitrés (23) días. Varias de estas familias pertenecen a población en situación de vulnerabilidad y no disponen de tanques con capacidad suficiente para almacenar agua durante ese periodo. En este mismo municipio se quemaron tres acueductos veredales.

Las comunidades solicitan apoyo urgente para la recuperación y protección de los acueductos rurales, así como para la construcción de reservorios, jagüeyes y aljibes, y la provisión de mangueras, motores, tanques y otros elementos necesarios para la captación y el almacenamiento de agua. La respuesta estatal debe garantizar que el suministro de agua para consumo humano sea oportuno, suficiente, continuo y prioritario para las comunidades con mayores condiciones de vulnerabilidad.

-    Dotación y fortalecimiento de los organismos de socorro

En el seguimiento realizado, y ante la posibilidad de que ocurran nuevos incendios, resulta urgente adoptar medidas para dotar de herramientas, equipos de protección personal y kits de primeros auxilios suficientes a los organismos de socorro y a las comunidades que participan en las labores de atención. Entre los insumos requeridos se encuentran bombas de espalda con motor, gafas, guantes, botas y mangueras para los cuerpos de bomberos, las cuales con frecuencia se deterioran o se queman durante la atención de los incendios.

Las comunidades que apoyan las labores de respuesta no solo carecen de elementos de protección, sino que tampoco cuentan con capacitación para desarrollar una actividad de tan alto riesgo. Asimismo, no disponen de información técnica suficiente que les permita realizar estas labores de manera más segura. Por tanto, requieren procesos de capacitación y un protocolo de coordinación y gestión para la atención de los incendios que garantice la vida, la integridad, la salud y el trato digno y respetuoso de todas las personas que participan en estas acciones.

-    Municipios que no cuentan con cuerpos de bomberos ni con Defensa Civil

En el Tolima, siete (7) municipios no cuentan con convenio con cuerpos de bomberos. Ortega requiere recursos para dar continuidad al convenio, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de octubre. Por su parte, Valle de San Juan, uno de los municipios más afectados, se encuentra en proceso de capacitación para la posterior formalización y dotación del organismo de socorro. Se requiere brindar apoyo para su formalización y dotación, así como garantizar recursos suficientes que otorguen estabilidad al cuerpo de bomberos y permitan atender oportunamente las situaciones de emergencia.

-    Atención urgente a los animales afectados por quemaduras

En los municipios se solicita fortalecer la respuesta para la atención de animales afectados por quemaduras. Si bien CORTOLIMA cuenta con la línea de rescate de fauna silvestre, las comunidades advierten que es insuficiente y existe la necesidad de fortalecer este equipo para brindar una respuesta inmediata ante los llamados de auxilio y proteger a los animales quemados, especialmente frente a la ocurrencia simultánea de múltiples incendios en diferentes municipios del Tolima. A la fecha, se registra la muerte de borugas, armadillos, un oso hormiguero, entre muchos otros animales.

-    Atención urgente al campesinado mediante alivios financieros y asistencia técnica

El campesinado enfrenta una situación crítica por el desabastecimiento de agua, la pérdida de cultivos, la muerte de ganado y la obligación de atender sus créditos. Frente a la opción de refinanciar las obligaciones o adquirir nuevos créditos, las comunidades han manifestado su preocupación por endeudarse para sembrar cultivos que podrían no generar cosecha debido a la falta de agua. Asimismo, si deciden sembrar alimentos de rápida producción, no cuentan con la asistencia técnica necesaria para determinar qué cultivar en medio de las actuales condiciones ambientales.

También expresan preocupación por iniciar trámites bancarios para acceder a beneficios y, posteriormente, no resultar beneficiarias, como ya les ha ocurrido, debido al agotamiento de los recursos de los fondos destinados para tal fin o porque no se habilitan los establecimientos para la adquisición de los insumos.

En este sentido, se requiere implementar los programas anunciados por el Gobierno nacional para ofrecer asistencia técnica, apoyo para la alimentación del ganado y alivios financieros. Cualquiera de las medidas que se adopten debe ser inmediata, suficiente, accesible y efectiva para apoyar al campesinado, proteger sus medios de vida y evitar, incluso, desplazamientos desde el sector rural.

-    Atención de viviendas e instituciones educativas afectadas

También se requiere implementar con urgencia las medidas anunciadas para el mejoramiento de las viviendas y las instituciones educativas afectadas por el terremoto, transcurrido más de un mes desde su ocurrencia, así como de las viviendas afectadas por los incendios. Se han identificado muy pocos avances y, a la fecha, ninguna de las viviendas afectadas por el terremoto o por los incendios ha sido reparada o reconstruida. La respuesta estatal debe avanzar con celeridad y bajo criterios de priorización, dignidad y protección reforzada de las personas y comunidades en mayor situación de vulnerabilidad.

-    Medidas de prevención para la protección de derechos 

La persistencia de los incendios y las condiciones de altas temperaturas hacen necesario fortalecer las medidas de prevención y reducción del riesgo, con el propósito de evitar que nuevas emergencias profundicen las afectaciones sobre los derechos de las comunidades. En este sentido, las autoridades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres deben fortalecer el monitoreo de las condiciones que puedan favorecer la ocurrencia y propagación de incendios, así como la identificación de los territorios y poblaciones que presentan mayor exposición y vulnerabilidad. 

De manera prioritaria, se requiere adoptar medidas para proteger las fuentes de abastecimiento de agua y garantizar su disponibilidad para el consumo humano, especialmente en las zonas rurales donde ya se presentan disminuciones de caudales y afectaciones a los acueductos. Esto debe incluir acciones de protección y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento, así como la disposición anticipada de mecanismos de almacenamiento y distribución de agua que permitan responder oportunamente ante nuevos periodos de desabastecimiento. La situación documentada en Ortega, donde quince veredas se encuentran sin suministro permanente de agua y más de 1.500 familias dependen de la distribución mediante carrotanque, evidencia la necesidad de anticipar estas medidas.
  
Asimismo, resulta necesario fortalecer las capacidades locales para la prevención y atención de incendios, particularmente en los municipios que no cuentan con cuerpos de bomberos o Defensa Civil, mediante la formalización, dotación y asignación de recursos suficientes a los organismos de socorro. La preparación debe comprender también la capacitación de las comunidades que participan en labores de mitigación y la disponibilidad de elementos de protección y protocolos de coordinación que reduzcan los riesgos para su vida, integridad y salud. 

Es muy importante capacitar a la población campesina y fortalecer las organizaciones de voluntarios que apoyen las labores de vigilancia, con el fin de que se puedan implementar sistemas de alerta comunitarios, con vigías forestales que permitan detectar de forma temprana columnas de humo (como indicios de incendios) y con la dotación necesaria para su protección personal y para la comunicación oportuna de sus advertencias. 

Las medidas preventivas deben incorporar, además, la protección de los medios de vida de las comunidades rurales. Ante la pérdida de cultivos, la muerte de animales y las dificultades para acceder al agua, las autoridades deben fortalecer la asistencia técnica y las medidas de apoyo al campesinado, de manera que las decisiones productivas respondan a las condiciones ambientales existentes y contribuyan a evitar la pérdida adicional de ingresos y el desplazamiento de las familias rurales.
  
La prevención también exige anticipar los impactos que los incendios pueden generar sobre los derechos de las comunidades. En consecuencia, las medidas de gestión del riesgo deben priorizar los territorios con mayor exposición y vulnerabilidad y adoptar acciones anticipadas para proteger el acceso al agua, los medios de subsistencia, las viviendas, la salud y el ambiente, de manera que la ocurrencia de nuevos incendios no se traduzca en una profundización de las afectaciones ya identificadas. 

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en todos sus niveles territoriales, para que continúen fortaleciendo la coordinación interinstitucional; mantengan e incrementen los apoyos aéreos y terrestres que sean requeridos; asignen oportunamente los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios; y adopten medidas eficaces que permitan responder de manera oportuna, suficiente y con enfoque de derechos humanos ante la persistencia de los incendios y las condiciones de altas temperaturas.

La respuesta institucional debe articular la prevención, la atención inmediata, la recuperación de los territorios y el restablecimiento efectivo de los derechos afectados, con especial consideración de las comunidades rurales y de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Asimismo, es necesario adoptar medidas para investigar y establecer los responsables e intereses que existen tras las quemas ocurridas. 

La Defensoría del Pueblo continuará acompañando a las comunidades y realizando seguimiento a la respuesta institucional frente a esta emergencia, con el propósito de contribuir a la protección y garantía efectiva de los derechos de las personas afectadas, promover una actuación estatal coordinada y oportuna, y prevenir la profundización de los impactos humanitarios, sociales, económicos y ambientales.