•    El Informe de Contraste al XX Informe del Gobierno nacional sobre el estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario colombiano de la Defensoría del Pueblo se realizó a partir de visitas hechas por la Defensoría del Pueblo a 30 establecimientos de reclusión del orden nacional y 94 centros de detención transitoria.
•    El documento da cuenta de fallas estructurales que motivaron la declaratoria del ECI persistente, e incluso en varios ejes se han agravado. 

 

En una serie de visitas de inspección de derechos y verificación de detención, como parte del seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional (ECI), la Defensoría del Pueblo realizó 1.015 entrevistas en centros de detención transitoria (CDT) y otras 357 en establecimientos de reclusión del orden nacional (Eron) en el primer semestre del 2026.  

La entidad evidenció la persistencia de vulneraciones y violaciones de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad (PPL).

Inspección defensorial a los Eron

Hacinamiento

En los 30 Eron visitados, el hacinamiento carcelario continúa siendo el factor estructural más crítico del sistema. Solo el 1 % de las celdas evaluadas por el Plan Maestro del Gobierno nacional cumple con el área mínima por persona. 

La Fase 2 de los lineamientos de diseño de nuevos Eron registra apenas un 1 % de avance en componentes esenciales como tanques de agua, subestaciones eléctricas y plantas de tratamiento de agua potable y residual. 

Deficiencias en servicios de salud

El 16 % de las personas entrevistadas reportó que no recibió valoración médica al ingresar al establecimiento o la recibió con retraso. En salud menstrual, solo el 24,2 % de las mujeres y personas menstruantes entrevistadas confirma haberla recibido.

El 64 % de los establecimientos cuenta con disponibilidad médica continua (24 horas, todos los días). Los 25 establecimientos evaluados suman apenas 95 médicos generales para 41.103 personas en Eron reportadas. 

En acceso a medicamentos, el 47,6 % de la población afiliada al Fondo Nacional de Salud, que cubre al 93,7 % de las personas privadas de la libertad, recibe sus medicamentos dentro de las 72 horas posteriores a la receta. 

Alimentación: crisis sanitaria

La alimentación es el eje donde la brecha entre el reporte institucional y la experiencia de las personas alcanza su mayor nivel. El 36,1% de las personas entrevistadas consideró que la comida les llega en condiciones adecuadas de higiene, pero el 57,4 % reportó haber recibido alimentos crudos y el 70,3 %, alimentos a medio cocinar durante el periodo de medición. 

Los contaminantes reportados incluyen presencia de cabellos, tierra, insectos y heces de roedores.

Resocialización

En materia laboral, de las 5.269 personas vinculadas a actividades de trabajo remunerado o bonificado, solamente 702 cuentan con un contrato laboral formalizado (13,3 %), lo que refleja condiciones precarias en el trabajo penitenciario.

Acceso a la justicia

El 15,1 % de las audiencias programadas (4.943 de 32.732) fueron aplazadas durante el periodo de referencia. Las causas principales, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y las personas privadas de la libertad, son atribuibles a los juzgados, la Fiscalía y la falta de personal de custodia para los traslados. 

Un 10,4 % de las personas encuestadas y el 19,2 % de los registros administrativos señalan que las audiencias se pierden por falta de custodios.

Intermitencia en servicios públicos

El 57,7 % de los Eron reportó al menos un corte de agua en los últimos seis meses, según sus registros administrativos. Según la experiencia de las personas, el 62,5 % de ellas manifestó haber enfrentado interrupciones del servicio. 

En energía eléctrica, el panorama es peor, ya que el 80,8 % de los Eron reportó cortes y solo el 19,2 % tuvo suministro ininterrumpido. El servicio de internet registró el resultado más bajo: apenas el 19,2 % de los Eron reportó internet sin interrupciones.

Enfoque de género

De las 110 mujeres, hombres trans y personas no binarias entrevistadas, el 24,2 % reportó haber recibido valoración en salud menstrual al ingreso. Ningún Eron realiza valoraciones de salud menstrual con periodicidad anual, como lo establece la ley. 

El 78 % de las mujeres señaló que las toallas sanitarias suministradas no son suficientes para cubrir la duración de su periodo menstrual, y el 61,5 % manifestó que debe recurrir a compras o donaciones.

Principales hallazgos identificados en los CDT

Modelo de detención colapsado

Los hallazgos evidencian un cuadro de abandono institucional que afecta de manera estructural las condiciones de reclusión en estos espacios (94 fueron visitados):

Condiciones de descanso. Solo el 6, 3% de las personas cuenta con cama o planchón para dormir o descansar. El 76,6 % duerme en el piso y el 17,1 %, en hamacas colgadas a la infraestructura física. No hay colchonetas en el 55,3% de los CDT.

Ventilación e iluminación. 32 CDT presentaron ventilación insuficiente; 14, ausencia total de ventilación, y 16 contaban con ventilación adecuada. En iluminación, 28 CDT presentaron condiciones de oscuridad y 12 carecían por completo de luz natural.

Aislamiento total. El 84,8 % de las personas declaró que nunca se les permite acceso a actividades recreativas. El 83,5 % declaró que nunca se les permite tomar el sol. El 32,7 % no recibe nunca visitas familiares. En el 61,7 % de los CDT, la comunicación virtual con familiares nunca es permitida.

Negación prolongada en servicios de salud

El 64 % de las personas encuestadas señaló que ellas o un compañero requirieron atención en salud. Sin embargo, el 35,2 % de quienes solicitaron atención declaró no haberla recibido. Existen CDT donde la tasa de rechazo de acceso a servicios médicos alcanza el 100 % por disponibilidad de profesionales, por falta de personal de custodia y vigilancia y vehículos para los traslados, entre otras. El 43.7 % de la población encuestada requiere medicamentos de manera permanente. 

Provisión irregular de alimentos y riesgo de hambre

Son 34 CDT los que reportaron que la alimentación la proveen las entidades territoriales. En 34 de ellos la asume la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y en 18 queda a cargo de las familias de las PPL. 

No existe un modelo unificado de responsabilidad alimentaria, y en la práctica es la familia —cuando la hay— la que alimenta a la persona detenida.

Tratos crueles, inhumanos o degradantes

El 10,6 % de las personas encuestadas (108 PPL) reportó haber sido víctima de maltrato. Las modalidades predominantes fueron las agresiones físicas (51 reportes) y el trato verbal irrespetuoso (47 reportes). 

Sin embargo, de quienes reportaron maltrato, únicamente 12 presentaron una denuncia formal, lo que evidencia un déficit grave en el acceso a los mecanismos de protección.

Propuestas de la Defensoría del Pueblo

Con el fin de contribuir al proceso de superación del ECI, la entidad hace recomendaciones a las instituciones competentes, teniendo en cuenta su Informe de Contraste al XX Informe del Gobierno nacional sobre el estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario colombiano:

•    Sincronización de sistemas. Se requiere la unificación de criterios entre el Sisconpes (aplicativo web del Departamento Nacional de Planeación para gestionar, hacer seguimiento y reportar avances de los documentos Conpes) y el Mapa de Inversiones, pues se identifican discrepancias en los reportes de avance presentados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 
•    Humanización de la pena. Es necesario continuar con el proceso de superación del populismo punitivo (estrategia política que usa el derecho penal de forma exagerada para ganar votos y calmar el miedo social) y avanzar hacia un enfoque de mínima intervención penal.
•    Corresponsabilidad territorial. Los territorios deben avanzar en la definición de partidas presupuestales para sindicados(as) en sus planes de desarrollo territorial.
•    Reconfiguración presupuestal. Es importante inyectar recursos focalizados para garantizar la cobertura total de camastros y servicios de salud en Eron a corto plazo, así como fortalecer la infraestructura física existente, la cual es antigua y obsoleta. 
•    Reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). En el marco de la autonomía territorial, el Congreso de la República debería incluir dentro de las partidas de los territorios recursos específicos para el sistema carcelario.
•    Transición alimentaria. Es urgente activar planes de contingencia para que el cese de la intervención de la Uspec en los CDT (proyectada para este 2026) no genere conflicto frente al ente que asuma la alimentación de la población detenida preventivamente.
•    Sistemas de información robustos y modernos. Es imperativo el diseño e implementación de herramientas tecnológicas para el registro de población en los CDT que sustituyan el precario control manual, el cual impide una visión integral de la densidad poblacional de estos centros.