Bogotá D. C., 11 de septiembre de 2026. (@DefensoriaCol). Al cumplirse un mes del terremoto que afectó buena parte de Colombia, desde la Defensoría del Pueblo invitamos a reflexionar sobre los momentos difíciles que hemos vivido y, especialmente, a reconocer el enorme valor de la solidaridad del pueblo colombiano para acompañar y apoyar a las personas y comunidades afectadas.

A pesar del impacto generado en todos los órdenes y actividades de la sociedad, esta solidaridad se ha expresado en los esfuerzos por auxiliar a quienes lo necesitan y contribuir a dignificar sus condiciones de vida en medio de la emergencia.

Expresamos nuestra profunda solidaridad con todas las personas afectadas y sus familias. A través del despliegue de nuestras regionales, acompañamos en territorio a las comunidades que han sufrido y continúan sufriendo las consecuencias del sismo.

También reconocemos el compromiso de cientos de servidoras y servidores públicos que atendieron la emergencia y trabajaron para proteger los derechos de las comunidades. Entre ellos, destacamos la labor de las personerías de Colombia. Por ejemplo, la de Hellen Cuero, personera de San José del Palmar, epicentro del terremoto, quien, pese a las dificultades de comunicación y las adversidades, ha acompañado a la población de su municipio y velado por la garantía de sus derechos, incluso cuando las instituciones de otros niveles del Estado no pudieron hacer presencia durante los primeros días.

Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas fueron los departamentos que sufrieron las mayores pérdidas humanas y materiales. De acuerdo con las últimas cifras reportadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), resultaron afectadas 364.672 familias y 778.281 personas, entre ellas 331 fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas.

También se reportaron 19.142 viviendas destruidas y 119.752 averiadas, además de 3.282 animales afectados. A ello se suman daños en 397 centros de salud, 4.316 centros educativos, 6.118 centros comunitarios y numerosos puentes, vías, acueductos y otras obras de infraestructura. Muchas de las actividades económicas, educativas y culturales en estos departamentos se vieron perturbadas.
 
El sismo generó una notable afectación de pueblos étnicos, tanto indígenas como negros y afrocolombianos. Las afectaciones comprenden viviendas e infraestructura comunitaria, educativa y sanitaria, servicios públicos, medios de vida y condiciones de bienestar individual y colectivo.

A ello se suman necesidades humanitarias persistentes, dificultades de acceso a territorios rurales y dispersos, amenazas posteriores o concurrentes y diferencias importantes en los niveles de verificación, registro y respuesta institucional. Todo ello configura una emergencia territorial y multidimensional.

Las principales necesidades que evidenciamos a la fecha son la evaluación técnica detallada de edificaciones e infraestructura educativa y hospitalaria; la atención en salud mental y psicosocial; la inclusión de la población rural dispersa en los registros de damnificados; la continuidad del servicio educativo y de los PAE; la atención veterinaria de animales; la reactivación económica y de medios de vida; el mejoramiento de las condiciones de varios albergues; la intervención de cementerios afectados, y la asistencia técnica a los entes territoriales, entre otras.

En este momento, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que inicie un proceso de recuperación planificado, integral y participativo, fundamentado en la protección de los derechos humanos. Este proceso implica una planeación del desarrollo que integre las diversas visiones territoriales y culturales. Además de reconstruir la infraestructura, debe restaurar el tejido social, cultural y emocional que resultó lastimado.

El terremoto afectó de manera más dolorosa a poblaciones que enfrentaban condiciones de vulnerabilidad preexistentes. La recuperación es una oportunidad para mejorar lo que no venía bien y reducir las condiciones históricas de marginalidad, desigualdad y exclusión social que constituyen el núcleo de la vulnerabilidad de la población.

El proceso de recuperación es una oportunidad para generar condiciones de desarrollo sostenible, seguridad y bienestar. Implica también la obligación de impedir que la historia vuelva a escribirse con las mismas omisiones y vulneraciones de derechos. La gestión del riesgo de desastres es, ante todo, una política de protección de la vida.

La Defensoría del Pueblo seguirá acompañando a las comunidades y a las autoridades para enfrentar los daños y caminar hacia la reconstrucción.