En cumplimiento de los principios de transparencia y buen gobierno, la Defensoría del Pueblo avanzó en su ciclo de audiencias públicas de rendición de cuentas correspondientes a la vigencia 2025. Durante la semana del 11 al 15 de mayo, distintas defensorías regionales expusieron ante la ciudadanía de Boyacá, Norte de Santander, Valle, Caldas, Cundinamarca, Chocó, Cauca, Nariño, Risaralda, Tolima y Urabá Darién las principales acciones e hitos orientados a la garantía de la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales en las regiones.

A continuación, algunos de los resultados más destacados de esta jornada institucional:

Boyacá

En la Rendición de Cuentas 2025 en Boyacá, la Defensoría Regional presentó los principales resultados de su gestión en la defensa y garantía de los derechos humanos. Durante este periodo, lideró acciones clave para garantizar el derecho a la salud mediante el Puesto de Mando Unificado (PMU), atendiendo más de 9.116 solicitudes ciudadanas y resolviendo 808 quejas.

La entidad brindó atención integral a 18.877 personas, garantizando el acceso a los diferentes servicios defensoriales y fortaleciendo la presencia institucional en el territorio. Asimismo, desarrolló acciones de acompañamiento y protección dirigidas a 6.226 personas privadas de la libertad y a 1.092 víctimas del conflicto armado.

También acompañó procesos de mediación en conflictos sociales, realizó seguimiento al monitoreo preventivo en municipios con alertas tempranas y realizó acciones dirigidas a víctimas del conflicto armado y población privada de la libertad, adelantando 499 misiones de investigación pericial y 119 jornadas de promoción de derechos en diferentes municipios del departamento.

Norte de Santander

En la rendición de cuentas de la regional Norte de Santander para 2025 se dieron a conocer acciones de promoción y divulgación de derechos humanos, como las que beneficiaron a 1.980 usuarios desde la Escuela de Derechos Humanos Iván Villamizar Luciani.

Además, en el marco de emergencia humanitaria del Catatumbo, se tomaron 4.054 declaraciones; se realizaron 2.501 asesorías y se instalaron cuatro sesiones de la Mesa Departamental de Víctimas.

De otro lado, se atendieron 156 casos de trata de personas; 46 de violencia por prejuicio y 151 de Violencia Basada en Género, VBG; y se tuvieron 1.230 beneficiarios en procesos de promoción y divulgación de derechos de la mujer.

Para aumentar la cercanía con los ciudadanos, se reactivó la Casa de los Derechos en el municipio de Puerto Santander y se hizo un trabajo territorial que permitió tramitar 1.274 asesorías; 984 quejas y 2.096 solicitudes; así como 1.563 tutelas, una acción popular, dos acciones de inconstitucionalidad y una acción de grupo.

Valle del Cauca

En el marco de la rendición de cuentas, se presentaron desde Cali (Valle del Cauca) los resultados de nuestra gestión para la vigencia 2025, en la que atendimos a 83.009 personas, distribuidas así: 1.820 en actividades de promoción y divulgación, 31.149 en acciones de Defensoría Pública, 10.854 en trámites, quejas y peticiones de la ciudadanía, 6.460 en acciones de prevención y protección, 2.726 en recursos y acciones judiciales.

Durante esta vigencia, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en salud, con énfasis en acceso y disponibilidad de medicamentos. Allí se reportaron 109 casos en SITU, evidenciando dificultades en 7 EPS para la entrega oportuna. Además, en cumplimiento de la Ley 1996 de 2019, se realizaron 460 valoraciones de apoyo a personas con discapacidad, fortaleciendo su capacidad para tomar decisiones y ejercer sus derechos.

Caldas

 Ante la comunidad de Manizales, Caldas, durante la aundiencia pública rendición de cuentas 2025, se destacaron más de 29.600 atenciones y acciones defensoriales que reflejan un fortalecimiento institucional en zonas urbanas y rurales, con cobertura en los 27 municipios del departamento y enfoque en la protección de los derechos humanos. Entre los principales logros, se interpusierion 2.787 acciones de tutela —el 63 % relacionadas con barreras en salud— y se participó en cinco PMU que facilitaron acuerdos por más de $7.452 millones para mitigar la crisis hospitalaria, además de atender a 2.534 niñas, niños y adolescentes y a 1.458 mujeres, beneficiar a 1.482 personas en jornadas #BuenFuturoHoy en siete municipios, impulsar liderazgos sociales y campesinos, y obtener fallos que garantizan acceso al agua en Manizales y La Dorada, todo ello en cumplimiento de la Ley 1757 de 2015 con criterios de transparencia y participación ciudadana.

Urabá Darién: atención integral y protección a víctimas

En la audiencia pública celebrada el 14 de mayo, se compartieron los principales resultados orientados al acceso a la justicia y el bienestar comunitario. Se destacó la atención a más de 1.000 personas mediante las jornadas Buen Futuro Hoy, sumado al acompañamiento de 2.127 personas en la Casa de los Derechos de Necoclí. Asimismo, se brindó orientación integral a 1.752 víctimas del conflicto armado, se gestionaron 810 asesorías individuales, se apoyaron 153 acciones legales y se recibieron 238 declaraciones con destino al Registro Único de Víctimas (RUV). El equipo de investigación defensorial llevó a cabo 143 misiones de trabajo y se atendió a 776 personas privadas de la libertad, mientras que en materia de movilidad humana y prevención se brindó asistencia a 1.654 personas refugiadas, migrantes, desplazadas o confinadas.

Cauca: diálogo social y entornos seguros para la niñez

El balance de gestión en esta región resaltó el acompañamiento defensorial a siete mesas de diálogo y negociación dirigidas a la resolución de conflictos. En el componente de promoción y prevención, se desarrollaron 41 acciones de divulgación y 56 jornadas pedagógicas en instituciones educativas con el fin de activar rutas contra el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. En total, se tramitaron 3.585 actuaciones (quejas, solicitudes y asesorías), se brindó acompañamiento a 3.137 personas privadas de la libertad y se recibieron 1.979 declaraciones de víctimas del conflicto armado, reforzando el monitoreo territorial ante los riesgos derivados de las economías ilícitas y las dinámicas de orden público.

Chocó: enfoque étnico, de género y herramientas de protección

La formación en derechos humanos constituyó un pilar fundamental con la realización de 514 actividades pedagógicas que incluyeron círculos de la palabra, talleres y festivales artísticos enfocados en la defensa de los derechos étnicos y la prevención del reclutamiento forzado. De igual forma, se adelantaron 80 acciones de divulgación con perspectiva de género que impactaron a 29.896 mujeres, 28.725 hombres y 407 personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. El balance incluyó el trámite de 1.179 quejas, 491 acciones de tutela interpuestas, 243 solicitudes de representación judicial para víctimas y el acompañamiento a 440 personas en centros de detención transitoria y establecimientos carcelarios.

Nariño: fortalecimiento institucional y despliegue humanitario

En el departamento nariñense se implementaron 100 actividades de promoción y divulgación de derechos humanos que beneficiaron a más de 1.600 habitantes. A nivel operativo, se dio trámite a 5.841 requerimientos ciudadanos entre asesorías y quejas, lo cual permitió robustecer la respuesta institucional. Los esfuerzos se concentraron en el despliegue de jornadas especializadas de atención humanitaria para poblaciones afectadas por desplazamientos y confinamientos, así como en el seguimiento riguroso a las alertas tempranas vigentes y el acompañamiento directo a 1.994 víctimas del conflicto armado.

Cundinamarca: descentralización de servicios y protección ambiental

La gestión territorial permitió la atención de más de 4.176 personas y la realización de tres jornadas de servicios descentralizados bajo la estrategia Buen Futuro Hoy en los municipios de Girardot, Fusagasugá y Silvania. Además, se brindó asesoría a 885 víctimas del conflicto, se tomaron 490 declaraciones y se asistió a 1.580 personas en situación de movilidad humana. Entre los hitos destacados se encuentran el seguimiento a los riesgos de desastres en el oriente del departamento, el acompañamiento en temas de gobernanza del agua, el abordaje de dinámicas de coexistencia entre comunidades y fauna silvestre, y la atención a 954 solicitudes para el restablecimiento de derechos de la población privada de la libertad.

Tolima: visibilización étnica y garantías para liderazgos sociales

Durante el ejercicio de rendición de cuentas, se reportó la atención de 3.743 personas en trámites relacionados con el derecho a la salud y derechos fundamentales. Un avance de gran relevancia técnica y humana consistió en la superación de barreras de acceso para lograr el registro en el RUV de 122 núcleos familiares de la comunidad indígena Chenche - Socorro los Guayabos en el municipio de Coyaima. Asimismo, se entregaron 2.247 orientaciones a víctimas en Chaparral, Villarrica y Dolores, se activaron rutas de protección para 157 líderes y lideresas sociales, y se emitió la Alerta Temprana de Inminencia 003 de 2025 para salvaguardar a las comunidades del municipio de Roncesvalles.

Risaralda: incidencia política y enfoque diferencial

En el balance presentado, se reportó que más de 4.400 personas participaron en espacios de promoción de derechos, vinculando activamente a mujeres, personas mayores y ciudadanos en movilidad humana. El enfoque étnico e incluyente se evidenció en la orientación de 6.482 personas, de las cuales 6.192 pertenecen a comunidades étnicas. En materia de infancia, se logró una transformación técnica estructural al incorporar una matriz de financiación multifuente en la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2025-2035 de Risaralda, lo cual disminuye la dependencia del presupuesto departamental y asegura la sostenibilidad de los programas de protección de la niñez.

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