En cumplimiento de los principios de transparencia y buen gobierno, la Defensoría del Pueblo avanzó en su ciclo de audiencias públicas de rendición de cuentas correspondientes a la vigencia 2025. Durante la semana del 11 al 15 de mayo, distintas defensorías regionales expusieron ante la ciudadanía de Cundinamarca, Chocó, Cauca, Nariño, Risaralda, Tolima y Urabá Darién las principales acciones e hitos orientados a la garantía de la dignidad humana y la defense de los derechos fundamentales en las regiones.

Ver cronograma de audiencias públicas de rendición de cuentas en las regiones

A continuación, algunos de los resultados más destacados de esta jornada institucional:

Urabá Darién: atención integral y protección a víctimas

En la audiencia pública celebrada el 14 de mayo, se compartieron los principales resultados orientados al acceso a la justicia y el bienestar comunitario. Se destacó la atención a más de 1.000 personas mediante las jornadas Buen Futuro Hoy, sumado al acompañamiento de 2.127 personas en la Casa de los Derechos de Necoclí. Asimismo, se brindó orientación integral a 1.752 víctimas del conflicto armado, se gestionaron 810 asesorías individuales, se apoyaron 153 acciones legales y se recibieron 238 declaraciones con destino al Registro Único de Víctimas (RUV). El equipo de investigación defensorial llevó a cabo 143 misiones de trabajo y se atendió a 776 personas privadas de la libertad, mientras que en materia de movilidad humana y prevención se brindó asistencia a 1.654 personas refugiadas, migrantes, desplazadas o confinadas.

Cauca: diálogo social y entornos seguros para la niñez

El balance de gestión en esta region resaltó el acompañamiento defensorial a siete mesas de diálogo y negociación dirigidas a la resolución de conflictos. En el componente de promoción y prevención, se desarrollaron 41 acciones de divulgación y 56 jornadas pedagógicas en instituciones educativas con el fin de activar rutas contra el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. En total, se tramitaron 3.585 actuaciones (quejas, solicitudes y asesorías), se brindó acompañamiento a 3.137 personas privadas de la libertad y se recibieron 1.979 declaraciones de víctimas del conflicto armado, reforzando el monitoreo territorial ante los riesgos derivados de las economías ilícitas y las dinámicas de orden público.

Chocó: enfoque étnico, de género y herramientas de protección

La formación en derechos humanos constituyó un pilar fundamental con la realización de 514 actividades pedagógicas que incluyeron círculos de la palabra, talleres y festivales artísticos enfocados en la defensa de los derechos étnicos y la prevención del reclutamiento forzado. De igual forma, se adelantaron 80 acciones de divulgación con perspectiva de género que impactaron a 29.896 mujeres, 28.725 hombres y 407 personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. El balance incluyó el trámite de 1.179 quejas, 491 acciones de tutela interpuestas, 243 solicitudes de representación judicial para víctimas y el acompañamiento a 440 personas en centros de detención transitoria y establecimientos carcelarios.

Nariño: fortalecimiento institucional y despliegue humanitario

En el departamento nariñense se implementaron 100 actividades de promoción y divulgación de derechos humanos que beneficiaron a más de 1.600 habitantes. A nivel operativo, se dio trámite a 5.841 requerimientos ciudadanos entre asesorías y quejas, lo cual permitió robustecer la respuesta institucional. Los esfuerzos se concentraron en el despliegue de jornadas especializadas de atención humanitaria para poblaciones afectadas por desplazamientos y confinamientos, así como en el seguimiento riguroso a las alertas tempranas vigentes y el acompañamiento directo a 1.994 víctimas del conflicto armado.

Cundinamarca: descentralización de servicios y protección ambiental

La gestión territorial permitió la atención de más de 4.176 personas y la realización de tres jornadas de servicios descentralizados bajo la estrategia Buen Futuro Hoy en los municipios de Girardot, Fusagasugá y Silvania. Además, se brindó asesoría a 885 víctimas del conflicto, se tomaron 490 declaraciones y se asistió a 1.580 personas en situación de movilidad humana. Entre los hitos destacados se encuentran el seguimiento a los riesgos de desastres en el oriente del departamento, el acompañamiento en temas de gobernanza del agua, el abordaje de dinámicas de coexistencia entre comunidades y fauna silvestre, y la atención a 954 solicitudes para el restablecimiento de derechos de la población privada de la libertad.

Tolima: visibilización étnica y garantías para liderazgos sociales

Durante el ejercicio de rendición de cuentas, se reportó la atención de 3.743 personas en trámites relacionados con el derecho a la salud y derechos fundamentales. Un avance de gran relevancia técnica y humana consistió en la superación de barreras de acceso para lograr el registro en el RUV de 122 núcleos familiares de la comunidad indígena Chenche - Socorro los Guayabos en el municipio de Coyaima. Asimismo, se entregaron 2.247 orientaciones a víctimas en Chaparral, Villarrica y Dolores, se activaron rutas de protección para 157 líderes y lideresas sociales, y se emitió la Alerta Temprana de Inminencia 003 de 2025 para salvaguardar a las comunidades del municipio de Roncesvalles.

Risaralda: incidencia política y enfoque diferencial

En el balance presentado, se reportó que más de 4.400 personas participaron en espacios de promoción de derechos, vinculando activamente a mujeres, personas mayores y ciudadanos en movilidad humana. El enfoque étnico e incluyente se evidenció en la orientación de 6.482 personas, de las cuales 6.192 pertenecen a comunidades étnicas. En materia de infancia, se logró una transformación técnica estructural al incorporar una matriz de financiación multifuente en la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2025-2035 de Risaralda, lo cual disminuye la dependencia del presupuesto departamental y asegura la sostenibilidad de los programas de protección de la niñez.

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