•    La Comisión de Evaluación de la Justicia presentará su informe final el próximo 5 de octubre, con sus constataciones, conclusiones y recomendaciones
•    La evaluación comprende 56 casos, correspondientes a 71 hechos individualizados de violencia contra integrantes de la Comunidad de Paz y personas vinculadas a ella.
•    El Estado colombiano se comprometió a promover la implementación de las recomendaciones y los recursos judiciales a los que haya lugar.

Bogotá, 31 de julio de 2026 (@DefensoriaCol). La Comisión de Evaluación de la Justicia, mecanismo independiente presidido por la Defensoría del Pueblo, ha estudiado cerca del 97 % de los casos seleccionados sobre la actuación de la justicia frente a las graves violaciones cometidas contra integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y personas vinculadas a ella.

La Comisión se encuentra en la etapa final de elaboración de sus constataciones, conclusiones y recomendaciones. Su informe será presentado el próximo 5 de octubre y estará dirigido a contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia, a la garantía de los derechos de las víctimas y a la no repetición de los hechos.

Un mecanismo independiente para evaluar la actuación de la justicia

La Comisión de Evaluación de la Justicia tiene su origen en el Acuerdo de Solución Amistosa suscrito en diciembre de 2024 entre el Estado colombiano y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el marco del Caso 12.325 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH—.

Este Acuerdo contempla un conjunto de compromisos de reparación. Entre ellos, la Medida No. 13 estableció la creación de una comisión independiente, integrada por personas expertas, para evaluar la actuación de la justicia. La publicación de este balance hace parte del seguimiento a la implementación del Acuerdo ante la CIDH.
La Comisión fue instalada por la Defensoría del Pueblo el 1.º de abril de 2025 y está integrada por Federico Andreu, Dora Lucy Arias, Jorge Molano y Liliana Uribe, personas expertas de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos que desarrollan su labor con independencia.

Tras las prórrogas requeridas para culminar su tarea, la Comisión ejercerá su mandato hasta el 31 de agosto de 2026 y presentará su informe final el 5 de octubre.

56 casos y 71 hechos evaluados

A lo largo de casi tres décadas, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha documentado más de 800 hechos de violencia en su contra. De ese universo, seleccionó 56 casos para que fueran evaluados por la Comisión, los cuales comprenden 71 hechos individualizados.
Entre estos se encuentran asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, bloqueos alimentarios, despojos, amenazas, detenciones arbitrarias, ataques contra los bienes de la Comunidad y procesos de criminalización.

El propósito de la Comisión es evaluar, a la luz de las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, las investigaciones penales, los procesos y las decisiones judiciales relacionados con estos hechos, así como los procesos adelantados contra integrantes y/o personas vinculadas a la Comunidad de Paz.

La Comisión no es un tribunal, no establece responsabilidades ni sustituye a las autoridades judiciales. Su labor es técnica y sus conclusiones y recomendaciones no tienen carácter judicial.

Análisis de expedientes, decisiones y testimonios

Para cumplir su mandato, la Comisión diseñó una metodología y diferentes instrumentos para sistematizar y analizar los casos. Cada uno es estudiado mediante una ficha que documenta integralmente los hechos, las víctimas y su rol en la Comunidad, la actuación de las autoridades, el cumplimiento de los estándares internacionales y la existencia de contextos o patrones.

La Comisión también adoptó cuatro instrumentos de evaluación sobre debida diligencia, patrones de impunidad, criminalización y formulación de recomendaciones. Varios de estos instrumentos fueron elaborados con el acompañamiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Durante su trabajo, la Comisión accedió a expedientes de la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Penal Militar, los jueces de conocimiento, la jurisdicción de Justicia y Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Procuraduría General de la Nación, en lo relacionado con actuaciones disciplinarias.

También consultó otras fuentes escritas sobre la Comunidad de Paz y realizó entrevistas con víctimas y familiares.

Esta labor ha enfrentado desafíos, entre ellos la entrega gradual e incompleta de información por parte de algunas entidades, lo que hizo necesario presentar requerimientos adicionales, y la complejidad de analizar hechos ocurridos a lo largo de varias décadas.

Actualmente, la Comisión trabaja en la consolidación de su informe final mediante equipos dedicados a la elaboración de las constataciones y las recomendaciones.

Compromiso con las víctimas y la no repetición

El informe del 5 de octubre expondrá los resultados de la evaluación y formulará recomendaciones a las autoridades competentes para contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia y a la garantía de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la Medida de Reparación No. 13 del Acuerdo de Solución Amistosa, el Estado colombiano se comprometió a promover la implementación de las recomendaciones de la Comisión y la interposición de los recursos judiciales a los que haya lugar, incluido el recurso extraordinario de revisión.

La Comisión reconoce y agradece a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó la confianza depositada en este mecanismo, después de casi tres décadas de reclamar justicia.

Como presidenta de la Comisión, la Defensoría del Pueblo reconoce el trabajo independiente de las personas comisionadas y de su equipo técnico, y agradece el acompañamiento de la comunidad internacional durante este proceso.

Reafirmamos que los derechos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición constituyen un compromiso ineludible del Estado colombiano. Ratificamos, además, nuestro compromiso con la independencia, la transparencia y la verdad, y con una justicia que reconozca a las víctimas y contribuya a que estos hechos no se repitan.