San José del Guaviare: Defensoría interviene en debate sobre aumento del impuesto predial
- Vie, 22 ago 2025
La Defensoría del Pueblo participó en la presentación del Proyecto de Acuerdo que modifica parcialmente el Estatuto Tributario del municipio de San José del Guaviare, en una jornada que reunió a diversos sectores de la comunidad local en el Consejo Municipal.
Esta iniciativa surge tras la implementación del catastro multipropósito, herramienta derivada del Acuerdo de Paz, que ha generado preocupación entre las y los habitantes del municipio. La ciudadanía ha manifestado su inconformidad debido a que los predios habrían sido avaluados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), lo que podría derivar en tarifas más elevadas del impuesto predial.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Guaviare y su Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, recibió múltiples solicitudes de coadyuvancia por parte de comunidades urbanas y rurales. Estas peticiones facilitaron acercamientos con la administración local y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Amplia participación ciudadana
La reunión desarrollada en el Consejo Municipal evidenció el compromiso de diferentes sectores de la sociedad civil con los asuntos públicos. El encuentro contó con la participación de Veedurías ciudadanas, líderes religiosos y lideresas comunales, representantes de la administración local, de la Corporación CDA, integrantes del Cuerpo de Bomberos y comerciantes de San José del Guaviare.
Catastro multipropósito: herramienta de paz con desafíos locales
El catastro multipropósito constituye una de las herramientas implementadas como parte del Acuerdo de Paz, diseñado para modernizar y actualizar la información catastral del país. Sin embargo, su aplicación en San José del Guaviare ha generado inquietudes entre propietarias y propietarios de predios urbanos y rurales, quienes expresan preocupación por el impacto económico que podría tener en sus finanzas familiares.
La Defensoría del Pueblo continuará acompañando este proceso, velando por que la implementación de políticas públicas respete los derechos de las y los ciudadanos, al tiempo que contribuya al fortalecimiento de las finanzas municipales para el desarrollo territorial.

