La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, participó en el Encuentro Nacional de Ombudspersons y Personeros de Colombia, realizado en Barranquilla, un espacio de diálogo y construcción colectiva para la garantía y protección de los derechos humanos en el país. El encuentro reunió a autoridades y conferencistas nacionales e internacionales para intercambiar experiencias, reflexionar sobre los desafíos territoriales y fortalecer la articulación en torno a la defensa de los derechos y la construcción de ciudadanía.

Durante la jornada, la Defensora del Pueblo participó en el panel Ciudades con Derechos: Control Institucional y Cooperación Internacional, junto al presidente de la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper), Luis Gabriel Degiovanni Behaine; el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia (Acnur), Giovanni Lepri; y el Defensor Delegado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Sergio Coronado. El espacio propició un diálogo sobre el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional para la garantía efectiva de los derechos humanos en los territorios.

El derecho a la ciudad, un enfoque para reducir desigualdades

En el panel se abordó el derecho a la ciudad como un enfoque para reducir las desigualdades territoriales, fortalecer las personerías y construir respuestas integrales para quienes habitan las ciudades. La Defensora del Pueblo advirtió que los desafíos urbanos siguen siendo considerables para las personas en situación de desplazamiento y las poblaciones en condición de vulnerabilidad, y señaló que el reto está en construir respuestas integrales para toda la población.

"Los desafíos urbanos siguen siendo enormes, especialmente para las personas desplazadas y las poblaciones en condición de vulnerabilidad", afirmó Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo.

"El 70 % de la población desplazada vive hoy en ciudades, donde muchas familias aún no encuentran soluciones duraderas en materia de vivienda, educación, salud y protección", agregó la Defensora.

El presidente de Fenalper, Luis Gabriel Degiovanni Behaine, hizo énfasis en que hablar del derecho a la ciudad implica hablar de justicia social, equidad y acceso a servicios públicos de calidad: "Hoy el derecho a la ciudad exige que las administraciones le den sentido a la ciudad, para que las personas puedan vivir de forma íntegra y en igualdad de condiciones, en cuanto al acceso de servicios básicos para el goce efectivo de sus derechos".

 

Cooperación internacional por ciudades incluyentes

Por su parte, el representante de Acnur Colombia, Giovanni Lepri, destacó la importancia de promover acciones incluyentes para quienes llegan a las ciudades en busca de protección: "El gran desafío es construir ciudades verdaderamente incluyentes, capaces de responder a las necesidades de quienes llegan a ellas en busca de protección y oportunidades".

Durante el diálogo también se planteó que el derecho a la ciudad va más allá del espacio físico: comprende el mínimo vital, la seguridad, la dignidad, la accesibilidad, la participación y el acceso oportuno a derechos como la salud y la educación. Las y los panelistas coincidieron en que las respuestas institucionales deben construirse desde las realidades de cada territorio.

La Defensora del Pueblo resaltó que garantizar el derecho a la ciudad significa acercar las instituciones a las comunidades y trabajar articuladamente con las autoridades locales, departamentales e internacionales. "Las personas tienen derecho a vivir en ciudades donde la seguridad, la igualdad y la dignidad sean una realidad para todas y todos", concluyó Iris Marín Ortiz.

Diálogo bilateral fortalece la cooperación con Brasil

Durante el encuentro, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo un diálogo con la Defensora Pública General de la Unión de Brasil, Tarcijany Linhares Aguiar Machado, para fortalecer los lazos de cooperación entre ambas instituciones. Colombia y Brasil comparten desafíos que requieren una mirada regional y un trabajo conjunto, entre ellos la defensa de los derechos de la naturaleza, la protección del bioma amazónico y de las comunidades que lo habitan, y la garantía de los derechos humanos en los territorios de ambos países. La Defensoría del Pueblo continuará promoviendo espacios de diálogo e intercambio que permitan avanzar en una agenda común para la protección de las personas y de la naturaleza.