Cúcuta (Norte de Santander), 10 de marzo de 2025 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo acompañó a la caravana humanitaria Abracemos el Catatumbo, que recorrió varios lugares del departamento de Norte de Santander, como el municipio de Tibú y el corregimiento La Gabarra, lugares que se han visto afectados por la agudización del conflicto armado interno.

El propósito fundamental de la entidad, al ser garante de los derechos humanos, consistió en apoyar en todo momento, a lo largo de la semana anterior, a quienes integraron la caravana, como lideresas y líderes de organizaciones sociales del territorio, así como a representantes de los entes departamental y locales, quienes volvieron a pedir un cese definitivo de las hostilidades a la guerrilla del ELN y al Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc.

Crudo panorama en la subregión Catatumbo

Basados en cifras oficiales (Boletín 40 PMU Catatumbo), la confrontación armada irregular en la subregión ha generado el desplazamiento masivo forzado de 55.659 personas, siendo Cúcuta, con 28.718 mujeres y hombres; Ocaña, con 12.097, y Tibú, con 8.596, los cascos urbanos con mayor recepción de desplazadas y desplazados.

Otro fenómeno disparado por el conflicto es el confinamiento forzado, cuya cifra es de 23.860 personas. También, de manera lamentable, han sido asesinadas 76 personas (63 particulares, seis firmantes de paz, cuatro menores de edad y tres líderes sociales), desaparecidos cinco firmantes (en Teorama, Tibú y El Tarra), además de que 18 personas han resultado heridas o lesionadas (dos de ellas fallecieron).

Denuncias hechas por las poblaciones

Miembros del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, en zona rural de Tibú, le manifestaron a la caravana que los grupos armados ilegales no dejan entrar el ACPM para el funcionamiento de las plantas, ni alimentos en cantidad.

Aseguraron que la confrontación armada derivó en la suspensión de la atención en salud y el calendario escolar, que no hay garantías para que firmantes de paz permanezcan en el territorio, que hay un inminente riesgo de desplazamiento forzado masivo del ETCR, donde habitan 30 familias.

Por su parte, habitantes de la vereda Caño Negro, corregimiento La Gabarra, de Tibú, manifestaron su temor por la presencia de actores armados y la circulación, en los últimos días, de panfletos que estigmatizan a personas de pertenecer a uno u otro bando en confrontación. Se quejaron de las limitaciones en los cupos para tener acceso al Sisbén, de las interrupciones en la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por la poca presencia de profesores.

Contaron las tensiones que hay por la tierra con las comunidades étnicas y dijeron que, cuando hay procesos sobre proyectos productivos, no pueden llevarlos a la realidad por la falta de títulos de propiedad de los predios.

 

Solicitudes de la comunidad y llamado de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo, ceñida a lo que está ocurriendo desde que se agudizó la confrontación armada, a comienzos del 2025, y atendiendo las solicitudes hechas por campesinas y campesinos, insta al ELN y al Frente 33 a respetar la vida y las actividades sociales y económicas de quienes habitan en los ETCR y en el resto de la subregión, a cumplir el principio de distinción establecido por el derecho internacional humanitario (DIH) y a respetar la libre movilidad en la zona.

Además, llama a las autoridades civiles y militares a poner en marcha acciones de prevención y protección para los moradores. Exhorta, como pedido especial de las y los pobladores, a que sea instalada una mesa de diálogo humanitario, que cuente con el acompañamiento de la Iglesia católica y la participación de firmantes, especialmente en los procesos del denominado Plan Catatumbo y la toma de decisiones.

Pacto social por el Catatumbo

El Pacto social por el Catatumbo, cuyo decreto fue firmado por el Gobierno nacional, está proyectado a ser implementado en el curso de los próximos diez años, con recursos que alcanzan los diez billones de pesos. Se trabajará en seis ejes:

1. Ordenamiento territorial que garantice saneamiento básico, agua potable, vivienda, catastro, ambiente sano y la consolidación de la Reforma Agraria.
2. Modelo regional de salud pública preventiva.
3. Red educativa regional.
4. Transformación económica y productiva regional con la sustitución de cultivos ilícitos.
5. Conectividad, infraestructura vial y transporte intermodal.
6. Implementación del Acuerdo de Paz y reparación integral de las víctimas. 

Además de la Defensoría del Pueblo, formaron parte de la caravana humanitaria la Gobernación de Norte de Santander, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad de Restitución de Tierras, la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, organizaciones de derechos humanos y campesinas, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), la Asociación Madres del Catatumbo, entre otros.