Defensoría del Pueblo mantiene seguimiento a la respuesta institucional tras el terremoto

Defensoría del Pueblo mantiene seguimiento a la respuesta institucional tras el terremoto

  • Sáb, 15 ago 2026

Terremoto en Colombia.

Corte 14 de agosto, 6:00 p.m.

Desde los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto, la Defensoría del Pueblo continúa haciendo seguimiento a la respuesta institucional e identificando necesidades humanitarias y de protección de las comunidades.

La información recogida por las Defensorías Regionales de Pacífico, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda evidencia necesidades relacionadas con el registro de las personas damnificadas, la valoración de viviendas, la atención en salud, la continuidad de servicios públicos, los albergues, la infraestructura educativa y la atención diferencial a pueblos étnicos, entre otros asuntos.

Necesidades identificadas en los territorios

De manera transversal, se identificó la necesidad de fortalecer el Registro Único de Personas Damnificadas (RUD), mediante la capacitación de los equipos de gestión del riesgo para el diligenciamiento del aplicativo y garantías para que el registro cubra integralmente a las personas afectadas en todos los municipios.

En el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional del 14 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que no cuenta con un procedimiento para la inspección y evaluación de las viviendas afectadas bajo criterios unificados en los diferentes departamentos y que avanza en una herramienta para ello.

Pacífico

En el PMU de emergencia departamental del 14 de agosto se reportaron 35 instituciones educativas afectadas, seis de ellas totalmente colapsadas e inhabilitadas; dos universidades públicas con afectaciones entre el 20 % y el 30 %, y afectaciones al SENA cuyo porcentaje está por determinar.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Buenaventura reportó 206 instituciones educativas afectadas, incluidas seis destruidas en zona urbana y 145 incomunicadas en zona rural, así como 2.800 niños y niñas desescolarizados. Se requiere verificar efectivamente la situación y contar con un plan para atender la desescolarización.

También se identificó la necesidad de contar con un mecanismo que garantice que las ayudas lleguen a las personas afectadas y permita evitar conflictos entre las comunidades; disponer de ayuda humanitaria y materiales para la reconstrucción de viviendas, y buscar cooperación con organismos internacionales en materia de salud para reforzar con personal médico especialista el Hospital Marítimo. De acuerdo con el reporte regional, ya no se necesitan rescatistas.

La Defensoría Regional también requiere botas y dotación de prendas institucionales para continuar brindando atención en las zonas afectadas, debido a la pérdida de estos elementos durante el sismo.

Quindío

Producto de una reunión con la Ministra de Trabajo, se identificó que en Calarcá es necesario disponer de un albergue para atender a las familias cuyas viviendas rurales resultaron afectadas, particularmente aquellas que requieran evacuación y no cuenten con una red de apoyo para su alojamiento temporal.

En Filandia se presentan afectaciones en la tubería y el servicio de energía; en Génova se requiere apoyo para la atención y control de incendios forestales, situación que dificulta la atención de las personas afectadas por el sismo; en Córdoba persisten dificultades en los servicios de telecomunicaciones y diez veredas no cuentan con energía, y en Buenavista dos veredas de la zona rural permanecen sin este servicio.

Chocó

Se identificaron afectaciones a cuerpos de agua, ecosistemas y hábitats, así como deslizamientos; abastecimiento crítico de medicamentos y falta de insumos médicos; necesidad de visitas de expertos en ingeniería estructural para valorar viviendas; insuficiencia de recursos, insumos y ayudas, y dificultades de coordinación entre las entidades responsables.

También se requieren medidas urgentes para prevenir la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los albergues, ante la falta de privacidad y las condiciones de inseguridad en diferentes zonas.

La Regional reportó, además, falta de articulación entre los liderazgos comunitarios y la Alcaldía de Quibdó para la entrega de donaciones y ayudas, así como riesgos para la salud física y psicosocial del personal de la Defensoría del Pueblo.

Valle del Cauca

En el PMU territorial se identificaron como desafíos la localización de personas desaparecidas, la rehabilitación de infraestructura estratégica y la atención integral a las familias afectadas.

En Cali se reportaron 214 instituciones educativas afectadas, de un total de 338. Entre las que han sido verificadas, 94 son habitables, 58 presentan averías y 17 son inhabitables.

También se reportaron nueve puntos activos de operaciones de búsqueda y rescate, 350.000 usuarios afectados por interrupciones del servicio de energía y 81 usuarios sin servicio de agua.

Caldas

Se identificaron afectaciones en vías internas y situaciones de especulación en los precios de arrendamiento.
También se adelanta la verificación del nivel de afectación a nuevos grupos de familias tras la ocurrencia de un incendio en el sector de Aguacate y el barrio Fátima, en Manizales.

Risaralda

Se reportó insuficiencia de camas para la atención en salud y la necesidad de dar claridad y reforzar el registro de personas desaparecidas, así como de divulgar los mecanismos disponibles para hacerlo.

En el albergue del Parque El Vergel se requiere presencia de la Registraduría para proveer documentos de identificación. Asimismo, debido a que los albergues han recibido familias con sus animales de compañía, se requiere hacer seguimiento o promover campañas de vacunación y desparasitación para evitar la transmisión de enfermedades.

También se necesita especial atención y elementos de protección frente a infecciones respiratorias asociadas al contacto con polvo y escombros.

Afectaciones diferenciadas a pueblos étnicos

Con corte al 14 de agosto se registran 42 casos de comunidades étnicas afectadas, seis más que los reportados el día anterior.

Los nuevos casos corresponden a un consejo comunitario adicional en Buenaventura; el primer caso del Pueblo Emberá Chamí en Calima El Darién; dos consejos comunitarios adicionales en Medio Baudó; el primer registro de un consejo comunitario en Medio Atrato, y el primer caso del Pueblo Indígena Emberá Dobidá en Nuquí.

En Quindío, la Defensoría Regional identificó además la necesidad de instalar de manera urgente y prioritaria un albergue con enfoque étnico para la población Emberá afectada en Armenia.

Gestiones adelantadas por la Defensoría del Pueblo

Pacífico

La Defensoría realizó monitoreo en Timbiquí, López de Micay y Guapi, donde identificó afectaciones a viviendas e instituciones educativas en zonas rurales.
También realizó una visita de verificación al barrio Lleras, donde, en un área de 28 calles, se estima que colapsaron al menos 30 casas. El 14 de agosto colapsó una vivienda adicional. La mayoría de las viviendas del barrio son palafíticas, por lo que se requiere una intervención urgente.

Quindío

La Defensoría Regional solicitó a la Alcaldía de Armenia instalar de manera urgente y prioritaria un albergue con enfoque étnico para la población Emberá afectada.

Chocó

La Defensoría realizó visitas de verificación y acompañamiento a los barrios más afectados, donde la población manifestó que la respuesta institucional ha sido deficiente.

Hizo un llamado al restablecimiento del servicio de energía y a la adopción de medidas de alivio para su pago. También solicitó avanzar en la valoración de viviendas y recomendó a la Alcaldía de Quibdó marcar aquellas que no sean habitables y se encuentren en riesgo de colapso.

Asimismo, hizo seguimiento a la situación y al retorno de adolescentes y jóvenes de Tumaco que se encontraban en Quibdó en el momento del sismo.

Caldas

El 12 de agosto, ante el caso de una menor de edad en situación de abandono, la Defensoría activó la ruta con el ICBF y la Fiscalía, logró ubicar a sus tutores y confirmó que el ICBF asignó un defensor para hacer seguimiento al caso.

También acompañó situaciones de conflictividad y la atención en salud en los albergues, y gestionó ante las autoridades locales la situación de especulación en los cánones de arrendamiento. Como resultado, se habilitó una línea específica para recibir denuncias sobre esta situación.
Además, recomendó revisar el proyecto de manual de convivencia del albergue 1 Coliseo Mayor y formuló observaciones para incorporar el enfoque de género y la atención de niñas, niños y adolescentes, las cuales fueron acogidas. También revisó el instrumento digital del albergue y recomendó incluir los enfoques de género y étnico y nuevos ítems para el registro de egreso.

Valle del Cauca

En el PMU, la Defensoría solicitó piezas claras y garantías de comunicación para la caracterización de las personas damnificadas, asegurando el acceso de familias unipersonales, personas mayores y menores de edad que quedaron solos.

También pidió celeridad en esta caracterización, teniendo en cuenta que las demoras limitan la entrega de ayuda humanitaria, y solicitó priorizar y garantizar la suspensión de actividades en edificaciones ubicadas en lugares con riesgo de colapso para prevenir afectaciones a terceros.
La Regional realizó articulación con la Secretaría de Salud ante reportes sobre generación de citas en IPS con servicios suspendidos. Como resultado, se definieron correos para canalizar las quejas relacionadas.

Asimismo, realizó articulación para la recuperación de entre tres y cuatro cuerpos en el sector de la calle 44 con carrera 5.ª.

Risaralda

Frente a las afectaciones por 85.000 millones de pesos reportadas en el Hospital San Jorge, se solicitó la activación de la póliza.

La Defensoría también realizó una visita y recorrido al conjunto residencial Santa María y a la comuna 1 del sector de La Hermosa, junto con la Personería, el secretario de Gobierno y la Oficina de Gestión del Riesgo, ante el posible colapso de la torre 3 del conjunto residencial. Durante la visita se generaron compromisos entre la administración del conjunto, el presidente de la JAL y la JAC. La Alcaldía se comprometió a llevar al patólogo el 15 de agosto para analizar la estructura de las torres 2 y 3.

El 13 de agosto, la Regional realizó además una visita de verificación al parque La Libertad, en Pereira, donde se encuentra población vulnerable en condiciones críticas de afectación.