Defensorías de Colombia y Brasil impulsan agenda regional para fortalecer la protección de personas en movilidad humana por el cambio climático
- Vie, 17 jul 2026
Bogotá, 17 de julio de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo de Colombia y la Defensoría Pública de la Unión de Brasil (DPU) realizaron el encuentro binacional virtual ‘Justicia Climática y Migraciones: Desafíos y Respuestas desde las Defensorías’, un espacio de diálogo e intercambio de experiencias, buenas prácticas y desafíos frente a la movilidad humana en contextos de cambio climático y desastres.
El encuentro permitió fortalecer la cooperación bilateral e identificar acciones para garantizar una respuesta basada en los derechos humanos y la justicia climática.
Los representantes de las dos instituciones coincidieron en que el cambio climático constituye un factor determinante de la movilidad humana y dejó de ser un desafío futuro para convertirse en una realidad que exige respuestas urgentes, integrales y coordinadas.
En este contexto, se destacó que América Latina y el Caribe enfrentan impactos climáticos cada vez más severos, cuyos efectos recaen principalmente sobre las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad, lo cual demanda que las respuestas institucionales incorporen como eje central la protección de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la justicia climática.
Experiencia brasileña
La Defensoría Pública de la Unión de Brasil presentó la experiencia brasileña en materia de protección de personas migrantes y desplazadas por causas ambientales, resaltando el desarrollo de mecanismos de acogida humanitaria, regularización migratoria y asistencia jurídica para la población haitiana, así como la respuesta institucional desplegada durante las inundaciones de Río Grande do Sul en 2024 y las precipitaciones extremas de Minas Gerais (Zona da Mata).
Se expuso cómo la actuación territorial, la asistencia jurídica gratuita, el monitoreo de situaciones de discriminación y las llamadas "caravanas de derechos" (iniciativas gubernamentales e institucionales, a nivel federal o estatal, diseñadas para llevar servicios públicos, asistencia jurídica y garantía de derechos fundamentales directamente a las poblaciones vulnerables, comunidades indígenas y territorios afectados por emergencias en todo el país) permitieron acercar la institucionalidad a las comunidades afectadas.
Panorama colombiano
La Defensoría del Pueblo de Colombia presentó el panorama nacional sobre la movilidad humana inducida por el cambio climático, los avances alcanzados en materia normativa y jurisprudencial, así como el trabajo de monitoreo permanente que adelanta frente a emergencias asociadas a inundaciones, incendios forestales y otros eventos extremos que generan desplazamientos forzados y la inmovilidad de comunidades.
Asimismo, dio a conocer los principales desafíos para fortalecer la prevención, la protección integral y las soluciones duraderas para las personas afectadas.
Robustecimiento del marco jurídico
Durante el intercambio también se destacó que a nivel internacional, regional y nacional se viene consolidando un marco jurídico orientado a fortalecer la protección de las personas en situación de movilidad humana por causas asociadas al cambio climático, los desastres y la degradación ambiental.
Por lo tanto, se resaltó la importancia de instrumentos como los Principios Deng (Principios Rectores de los Desplazamientos Internos) y el Plan de Acción de Chile 2024-2034, derivado de la Declaración de Cartagena de 1984, subrayando la necesidad de fortalecer su divulgación, implementación efectiva y desarrollo progresivo.
Igualmente, fueron compartidas experiencias concretas de atención a comunidades afectadas por desastres ambientales en ambos países, evidenciando que las personas desplazadas y aquellas que habitan en territorios altamente expuestos enfrentan mayores riesgos para el ejercicio de derechos como la vivienda, la salud, el acceso a la justicia, la documentación, la seguridad alimentaria y los medios de vida.
La prevención como eje de políticas públicas
Como resultado del intercambio, las instituciones coincidieron en que la prevención debe consolidarse como eje central de las políticas públicas mediante el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia, la generación de información, la planificación territorial, la coordinación interinstitucional y la participación efectiva de las comunidades.
Igualmente, se destacó el papel estratégico de las instituciones de derechos humanos en la prevención, el monitoreo de riesgos, la atención, el acceso a la justicia, la generación de evidencia y la formulación de recomendaciones para promover respuestas integrales frente a la movilidad humana inducida por el cambio climático. Adicionalmente, fue resaltada la importancia de fortalecer la cooperación regional para enfrentar este desafío de manera coordinada.
Fortalecimento de la cooperación bilateral
Como una de las principales conclusiones, la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Defensoría Pública de la Unión de Brasil dejaron claro su compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral y regional para promover respuestas preventivas e integrales frente a la movilidad humana inducida por el cambio climático.
Coincidieron en lo importante que es impulsar, en el marco de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (Rindhca), una agenda regional orientada al intercambio de buenas prácticas, la construcción de directrices comunes, el fortalecimiento de los sistemas de información y la incidencia conjunta ante los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.
Finalmente, las instituciones destacaron que la protección de los derechos de la naturaleza y de los ecosistemas constituye un elemento fundamental para prevenir el desplazamiento forzado y otras formas de movilidad humana asociadas a factores ambientales, reconociendo la estrecha relación entre la integridad ambiental, la resiliencia de las comunidades y la garantía efectiva de los derechos humanos.

