Bogotá, 30 de julio de 2026 (@DefensoriaCol). En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, participó en el Encuentro de Regiones de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, convocado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Nuquí, Chocó.

La Defensora hizo parte del panel "Cuando el trabajo forzoso se convierte en trata de seres humanos", que compartió con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; el magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, y la procuradora delegada preventiva de Control de Gestión para Asuntos Étnicos, Judith Salazar.

En el panel se analizó el trabajo forzoso y cómo detrás de la apariencia de una relación laboral puede ocultarse una verdadera trata de seres humanos. La discusión se abordó desde la garantía del derecho al trabajo y la lucha contra la criminalidad, a partir de tres planos que se entrecruzan: la norma que tipifica y sanciona la conducta; la realidad territorial que padecen las víctimas; y las barreras institucionales que dificultan una respuesta efectiva del Estado.

Desde la perspectiva penal, el magistrado Gerson Chaverra explicó que la Corte ha fijado la frontera entre una irregularidad laboral y el delito. Al respecto señaló que la trata se configura cuando las condiciones representan un dominio total sobre la libertad y la autodeterminación del trabajador. Además, el Magistrado resaltó que estas decisiones marcan un hito al constituir la primera oportunidad en que la Corte se enfrenta a una situación de trata por explotación laboral, cuando todo el desarrollo jurisprudencial previo se había concentrado en la explotación sexual.

La Defensora del Pueblo advirtió que esta forma de explotación suele disfrazarse de ayuda. "Se enmascara con un discurso de apoyo, pero detrás hay factores de discriminación que se convierten en explotación laboral y que en determinados casos pueden llegar a constituir trata", señaló la Defensora Iris Marín Ortiz.

Además, explicó que la imposibilidad de escapar no siempre proviene de la coacción física, ya que la dependencia económica extrema o la violencia psicológica pueden anular por completo la voluntad de la víctima. Estas afectaciones, expuestas a partir de una investigación que la Defensoría prepara con la Unión Sindical de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), golpean con especial fuerza a mujeres, niñas y adolescentes, y a quienes pertenecen a la población indígena y afrodescendiente.

La procuradora delegada para Asuntos Étnicos, Judith Salazar, subrayó que la ausencia de registros mantiene invisibles a muchas víctimas de pueblos étnicos, lo que impide diseñar políticas públicas y de política criminal adecuadas. "Lo que no se cuenta, lo que no se registra es como si no existiera", advirtió.

Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, precisó que la trata no siempre opera como crimen organizado y que exige un modelo de investigación centrado en la víctima y en las condiciones de marginalidad que se aprovechan. También advirtió sobre la captación de colombianos con falsas ofertas de empleo en el exterior, que terminan sometidos a servidumbre y trabajo forzado bajo engaños.

La Defensora del Pueblo hizo un llamado a fortalecer la prevención y reiteró que el Sistema de Alertas Tempranas de la entidad es una herramienta eminentemente preventiva, orientada a que la institucionalidad actúe a tiempo y evite que el riesgo se consuma, y advirtió que la trata debe entenderse también como una economía ilegal que genera altos réditos al crimen organizado. En ese contexto, insistió en la necesidad de crear comités de respuesta rápida con despliegue territorial, de fortalecer la investigación de toda la cadena de beneficiarios y de trabajar de la mano de las organizaciones sociales y las autoridades étnicas.

Al concluir el panel se coincidió en que la frontera entre una relación laboral y la trata se cruza cuando se somete, controla y anula la libertad de una persona, en muchas ocasiones bajo la apariencia de un empleo o de una ayuda aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas. Al respecto, se destacó que es necesario llevar la justicia laboral y la protección de los derechos humanos a los territorios para garantizar que ninguna persona tenga que escoger entre el hambre, la explotación o el silencio.