En el desarrollo de una misión conjunta de monitoreo sobre flujos migratorios adelantada por las defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la frontera colombo-ecuatoriana, fue conocida la historia de una familia que desde hace nueve años ha recorrido distintos territorios en busca de condiciones de vida dignas, estabilidad y mejores oportunidades para sus hijos. 

El núcleo familiar está conformado por una pareja y tres hijos: dos de nacionalidad venezolana y uno de nacionalidad colombiana. Actualmente, continúa su recorrido hacia Guayaquil, Tumbes, Lima, Arequipa y Puerto Maldonado, con Brasil como destino final, país al que espera llegar en septiembre próximo. 

Para alcanzar ese objetivo deberá atravesar Ecuador y Perú, enfrentando largos desplazamientos, dificultades económicas y los riesgos propios de las rutas migratorias terrestres y fronterizas.

La historia de esta familia refleja las dinámicas de movilidad humana en la región y evidencia cómo los procesos migratorios prolongados inciden en la conformación de familias con integrantes de diferentes nacionalidades. Esta situación puede generar retos adicionales relacionados con la documentación, la regularización migratoria, el acceso a servicios básicos y la garantía de la unidad familiar.

A pesar de las dificultades enfrentadas durante cerca de una década, la familia mantiene la esperanza de establecerse en un lugar seguro, reconstruir su proyecto de vida y garantizar un futuro con mayores oportunidades para sus hijos.

El monitoreo permitió conocer de primera mano sus vivencias, necesidades y expectativas, así como identificar los riesgos y las brechas de protección que enfrentan las familias migrantes durante su tránsito por diferentes países de América del Sur.

Mayor articulación y cooperación

La Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de fortalecer la articulación y la cooperación entre los Estados de la región para garantizar rutas migratorias seguras, mecanismos de regularización, acceso efectivo a derechos y medidas especiales de protección para niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, destacó que toda actuación institucional debe orientarse por el respeto a la dignidad humana, el interés superior de la niñez, la unidad familiar y la no discriminación, independientemente de la nacionalidad o de la situación migratoria de las personas.

La entidad continuará haciéndole seguimiento a las condiciones de las personas en movilidad humana y promoviendo acciones que contribuyan a la protección de sus derechos a lo largo de las rutas migratorias de la región. Porque detrás de cada frontera que atraviesan mujeres y hombres en condiciones de movilidad humana hay familias y proyectos de vida que deben ser protegidos.