●    La población de Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel enfrenta riesgos asociados con homicidios, extorsiones, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y restricciones a la movilidad.

●    La imposición de reglas, horarios y controles sobre la vida comunitaria afecta especialmente a liderazgos sociales, personas firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades del pueblo Nasa.

●    Mediante la Alerta Temprana 016 de 2026, se formulan 19 recomendaciones para prevenir violaciones a los derechos humanos y al DIH y garantizar una respuesta estatal con enfoque de seguridad humana.

Bogotá, 26 de julio de 2026 (@DefensoriaCol). El grave riesgo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH) derivado de la expansión territorial del Frente Ismael Ruiz y su Compañía Móvil Julián González, adscritos al Bloque Central Isaías Pardo del autodenominado EMC, puede tener graves consecuencias humanitarias para la población civil de los municipios de Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel, en el noroccidente del departamento del Huila. Es por ello que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 016 de 2026.

El grupo disidente mantiene un control hegemónico sobre corredores estratégicos de la cordillera Central que conectan al Huila con el sur del Tolima y el departamento del Cauca, facilitando el tránsito de armas, suministros y economías ilegales.

Durante el 2025, la entidad documentó al menos seis asesinatos de carácter ‘ejemplarizante’ por el incumplimiento de ‘normas’ que ha impuesto el grupo armado no estatal. Las tasas de homicidio han alcanzado niveles preocupantes, particularmente en Palermo y Neiva. Además, el control económico se manifiesta en extorsiones sistemáticas contra caficultores, ganaderos, mineros de mármol y transportadores, que son citados a zonas rurales para acordar pagos bajo amenaza.

Imposición de ‘normas’

Hay una fuerte gobernanza armada ilegal que impone ‘manuales de convivencia’, horarios de movilidad y prohibiciones de ingreso a personas foráneas. Se ha detectado la instrumentalización de liderazgos comunales, que son coaccionados para transmitir las órdenes del grupo armado, lo que genera estigmatización y riesgos de ataques tanto de los ilegales como de la fuerza pública.

Adicionalmente, han sido documentadas graves infracciones al DIH, pues los integrantes del Frente Ismael Ruiz han utilizado a las personas civiles como escudos humanos al alojarse en sus viviendas durante combates. 

También han ocupado centros educativos, poniendo en peligro a estudiantes y docentes. Igualmente, preocupan el posible uso de drones con explosivos y problemáticas en la gestión digna de cuerpos de personas que murieron en combates.

Poblaciones en peligro

El riesgo es muy alto para las niñas, los niños y adolescentes (NNA), víctimas de reclutamiento y utilización ilícita mediante promesas económicas, regalos (motos, celulares) y manipulación en redes sociales. 

Otros grupos vulnerables incluyen a las personas firmantes del Acuerdo de Paz, que han sufrido desplazamientos y el abandono de proyectos productivos bajo amenazas, y las comunidades del pueblo Nasa, cuyo gobierno propio y pervivencia cultural se ven amenazados por el control territorial del disidente EMC.

Se requiere una respuesta rápida

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló en la AT 016 de 2026 un total de 19 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales para que impulsen una respuesta rápida en materia de disuasión de la amenaza, prevención del reclutamiento de NNA, protección de lideresas y líderes sociales y personas firmantes de paz, y mitiguen vulnerabilidades con el mejoramiento de la conectividad vial y digital en las zonas rurales aisladas.

Estas recomendaciones orientan a las entidades del Estado en la puesta en marcha de acciones de disuasión y mitigación de los factores de amenaza, prevención de violaciones a los derechos humanos y al DIH, protección diferencial de las poblaciones en riesgo y fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales.

Las entidades deben implementarlas bajo un enfoque de seguridad humana, a fin de que la atención a los riesgos esté acompañada de estrategias para garantizar los derechos de la población del noroccidente del Huila.

Las Alertas Tempranas de la entidad son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, libertad e integridad de las comunidades.