Bogotá, 26 de agosto de 2026 (@DefensoriaCol). Nos preocupa el atentado denunciado por Naylea Barros, periodista y excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, ocurrido en Santa Marta el pasado lunes 24 de agosto. Hechos de esta naturaleza son incompatibles con las garantías que deben rodear el ejercicio de la participación y la oposición política en una democracia.

De acuerdo con la información divulgada públicamente, sujetos desconocidos habrían disparado contra el vehículo en el que se movilizaba junto con una familiar. Según lo denunciado por Barros, este hecho ocurre después de más de tres meses de amenazas e intimidaciones contra ella y personas de su entorno, que estarían relacionadas con su actividad periodística, social y política.

Toda agresión o amenaza contra quienes participan en la vida política afecta principios esenciales de la democracia, como la libertad de expresión y asociación. La Constitución Política reconoce el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, mientras que el Estatuto de la Oposición reconoce la oposición política como un derecho fundamental que goza de especial protección y constituye una condición necesaria para el debate democrático.

Nos preocupa especialmente que este atentado se produzca contra una mujer que ha ejercido liderazgo político y ha representado a un sector de la oposición. La violencia contra las mujeres en la política restringe su participación y afecta los espacios democráticos para el ejercicio de sus derechos políticos. Por ello, las autoridades deben aplicar la presunción de riesgo extraordinario de género prevista en la Ley 2453 de 2025.

Reconocemos el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de solicitar el esclarecimiento de lo ocurrido y disponer medidas de protección mientras
 
avanzan las investigaciones. Es necesario que las autoridades competentes determinen las circunstancias, los móviles y los responsables del atentado y garanticen la seguridad de Naylea Barros.

Ante esta situación:

●    Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes investigar con celeridad las circunstancias y motivaciones del atentado, identificar a sus responsables y establecer si los hechos guardan relación con la actividad política de Naylea Barros o constituyen una manifestación de violencia contra las mujeres en la política.

●    Exhortamos al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a evaluar urgentemente el nivel de riesgo y adoptar las medidas de protección necesarias para garantizar su vida e integridad, con enfoque diferencial y de género y aplicando la presunción de riesgo extraordinario de género prevista en la legislación vigente.

●    Instamos a las autoridades nacionales y territoriales a garantizar condiciones para el ejercicio libre y seguro de la oposición política, la participación ciudadana y el pluralismo político.

El debate de ideas, el disenso y la existencia de alternativas políticas son esenciales para una democracia pluralista. Ninguna persona debe ser amenazada o víctima de violencia por sus opiniones, convicciones o actividad política. Garantizar que quienes ejercen la oposición puedan hacerlo en condiciones de libertad, seguridad y respeto por sus derechos es una responsabilidad del Estado.