Ante la preocupación de los padres de familia por las irregularidades que suelen presentarse con los listados de útiles escolares, y como resultado de la campaña que lanzó la Defensoría del Pueblo el pasado 12 de enero para que los ciudadanos dieran a conocer sus inconformidades en esta materia, el Defensor Jorge Armando Otálora Gómez, le pidió al Ministerio de Educación investigar y evaluar posibles sanciones contra algunos colegios que estarían violando la normatividad en este sentido.

Durante los últimos 10 días, la Defensoría ha recibido denuncias directas en las diferentes regionales de la Institución, así como a través de la página www.defensoria.gov.co, en la cual se habilitó un sitio especial para la campaña, donde llegaron quejas que comprometen a por lo  menos 13 instituciones educativas, la mayoría de ellas de Bogotá, y otras de Santa Marta, Cúcuta, Pereira, Villavicencio, Cartagena, Popayán, Puerto Asís y el municipio de Soacha, al sur de la capital de la República.

En su mayoría, las inconformidades están relacionadas con la solicitud de materiales que en opinión de los padres de familia no van a ser utilizados por sus hijos, algunos de ellos en preescolar y párvulos, donde les piden, entre otras cosas, resmas de papel, rollos de papel higiénico hasta en paquetes de 12 unidades, cuadernos para niños de guardería y bolsas de la basura, por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, hay denuncias que van más allá de los listados y tienen que ver con conductas y requerimientos que claramente contravienen las disposiciones legales, como la suscripción obligatoria a paquetes virtuales que deben ser adquiridos en sitios específicos, la imposición de guías para talleres y evaluaciones cuyo costo anual se aproxima a los 350 mil pesos sin la posibilidad de fotocopiarlas, el cobro de cifras cercanas al millón de pesos solamente por materiales, la inclusión de textos importados en el valor de la matrícula generando incrementos que llegan al 38 por ciento, y cuotas de hasta 200 mil pesos para la sistematización de notas, tema que es de competencia y responsabilidad exclusiva de los colegios.

Aunque no tiene que ver con los listados de útiles escolares y el caso se presentó el año pasado, llama la atención la denuncia de un padre de familia que entregó soportes sobre la contribución que realizaba para el pago de los servicios públicos en la institución donde estaban matriculados sus hijos.

Cabe recordar que según resolución 15168 del 17 de septiembre de 2014 emitida por el Ministerio de Educación, los topes máximos para el incremento en matrículas y pensiones para colegios y jardines privados oscilan entre el 2 y el 5,1 por ciento, de acuerdo con los puntajes obtenidos en las pruebas Saber 11 y el régimen tarifario. Así mismo, la normatividad vigente respecto a los útiles y materiales escolares establece que:

En virtud de lo anterior, la Defensoría del Pueblo extendió la solicitud elevada al Ministerio de Educación, a las Secretarías territoriales con jurisdicción en Bogotá, las 6 ciudades desde las cuales llegaron denuncias a la página web, los dos municipios que en Putumayo y Cundinamarca también expresaron sus inconformidades a través de la campaña “Útiles sin abusos”, y los distintos departamentos donde se recibieron quejas de los ciudadanos.

Adicionalmente, a través de la Regional Bogotá, la Defensoría verificó las jornadas de atención en las Direcciones Locales de Educación (DILE) para la asignación de cupos escolares en las localidades de Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito y Barrios Unidos.

En las actividades de acompañamiento, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo constataron que diariamente fueron atendidas hasta 650 personas conforme la distribución previa de fichas, observándose como común denominador las largas filas de los padres de familia, que el cabo de 3 o 4 horas de espera eran atendidos. Si bien en todos los casos las autoridades distritales garantizaron la suficiencia en los cupos, en Bosa se presentó una situación particular, pues según algunos testimonios, los establecimientos con disponibilidad de matrículas están ubicados en sitios de difícil acceso, razón por la cual los ciudadanos preferían rechazar el cupo.

La Defensoría, a través de sus 36 regionales en el país, mantendrá activo el plan de monitoreo al sistema educativo durante las próximas semanas, cuando la totalidad de estudiantes haya reanudado el año lectivo correspondiente a la vigencia de 2015.