La Defensoría del Pueblo continúa haciendo seguimiento a la situación de las comunidades afectadas por el terremoto en el Valle del Cauca, con especial atención a las necesidades de alojamiento temporal, alimentación, servicios públicos, atención en salud y protección integral de la población.

Las acciones se han concentrado en los sectores priorizados por las autoridades locales, especialmente en Cali, Buenaventura y otros municipios del departamento.

Entre las gestiones adelantadas, la Defensoría realiza acompañamiento para garantizar condiciones dignas para las personas afectadas, con especial atención a niñas, niños y adolescentes, personas mayores y otros grupos que requieren medidas reforzadas de protección. 

Asimismo, se hace seguimiento a las labores de búsqueda de personas desaparecidas, la atención psicosocial, la entrega de ayudas humanitarias, la remoción de escombros y las gestiones para disponer de maquinaria que facilite la recuperación de las zonas afectadas.

La garantía del derecho fundamental a la salud continúa siendo uno de los principales focos de atención. Por esta razón, se mantiene el monitoreo constante a la prestación de los servicios de salud y a las necesidades de las comunidades, con el fin de advertir posibles barreras y promover su atención oportuna por parte de las entidades competentes.

Desde los diferentes puntos de atención se orienta a la ciudadanía sobre las rutas de acceso a la oferta institucional y se promueve la difusión de información oficial y verificada, con el propósito de evitar que información incorrecta genere incertidumbre entre la población.

Es necesario fortalecer la articulación institucional para responder a los múltiples retos que enfrentan las familias que perdieron sus viviendas, pertenencias o medios de sustento y requieren acompañamiento integral durante el proceso de recuperación.

Seguiremos trabajando en coordinación con las autoridades del Valle del Cauca, organismos de socorro y demás entidades responsables de la atención de la emergencia, para contribuir a la protección de los derechos de las comunidades afectadas y facilitar el acceso a las medidas de asistencia y recuperación dispuestas para la población.