“Sin garantías no podemos seguir trabajando en la búsqueda de las personas que aún continúan desaparecidas”

“Sin garantías no podemos seguir trabajando en la búsqueda de las personas que aún continúan desaparecidas”

  • Jue, 12 dic 2024

“Sin garantías no podemos seguir trabajando en la búsqueda de las personas que aún continúan desaparecidas”

El Carmen de Bolívar (Bolívar), 12 de diciembre de 2024 (@DefensoriaCol). ¿Quién se los llevó?, ¿estarán vivos?, ¿estarán bien?, son algunas de las incógnitas de personas que llevan décadas buscando a sus familiares, sin perder la esperanza de que un día se reencontrarán. Son conscientes de que el fenómeno de la desaparición forzada es uno de los escenarios más difíciles del conflicto armado en Colombia.

Surlay Sequea desde 1999 está buscando a uno de sus seres queridos y hoy, a través de una asociación, ayuda a mujeres y hombres a escudriñar dónde estarán sus hijas e hijos, madres, padres, primas, primos, tías, tíos y todos los que fueron desaparecidos de manera forzada. “Esperamos el compromiso, todo el apoyo y la solidaridad en este proceso de búsqueda de nuestros seres queridos”, dijo Sequea. 

No en vano, la consigna de quienes ejercen tan incansable labor es: “llueva o truene, la búsqueda se mantiene”. Por eso, ahora ellas y ellos, en su mayoría mujeres, ven una luz de esperanza en el Pacto por el buen futuro, la garantía de derechos y el reconocimiento a la labor de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas, liderado por la Defensoría del Pueblo y firmado por la entidad y otras instituciones para impulsar y cumplir a cabalidad la Ley 2364 de 2024, que reconoce y garantiza su trabajo. 

Fueron 40 las mujeres buscadoras presentes en el acto de firma que se llevó a cabo en la escuela Lucho Bermúdez, de El Carmen de Bolívar, Bolívar, en el que se comprometieron la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Ministerio de Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, Migración Colombia, la Consejería Presidencial para los DD. HH. y el DIH, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación de Bolívar y las personerías de San Juan Nepomuceno y San Jacinto. 

“Sin garantías no podemos seguir trabajando en la búsqueda de las personas que aún continúan desaparecidas. Las necesitamos para poder seguir en el territorio y trabajando”, manifestó Yirley Velasco Garrido, de Sembrando Vida, asociación que reconoce cómo el Pacto “es un paso positivo y enorme en el compromiso de cada una de las entidades”.

Consulte y descargue el Pacto por el buen futuro, la garantía de derechos y el reconocimiento a la labor de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas


 

Los compromisos establecidos

El primer compromiso de las instituciones será promover espacios de diálogo o participación para identificar y abordar las problemáticas regionales relacionadas con la Ley 2364 de 2024, la cual reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Además, trabajarán en la promoción y divulgación de la Ley, de manera particular, en el reconocimiento y protección integral de los derechos de las mujeres buscadoras.

También fortalecerán las medidas preventivas, las capacitaciones y sensibilización a las personerías municipales en relación con esa ley y su labor de implementación en los territorios. Asimismo, avanzarán en la capacitación a los integrantes de las mesas de participación efectiva de víctimas. 

Las instituciones se comprometieron a cumplir los deberes del Estado enunciados en el artículo 7 de la misma ley con el seguimiento a las entidades correspondientes, dentro de los cuales se resaltan el acceso a la administración de justicia, a la información, a la memoria histórica, a la reparación, al reconocimiento público de su labor, a la protección y la seguridad para la búsqueda, a la atención psicosocial diferenciada, al apoyo económico, al buen nombre y a la garantía de los derechos culturales indígenas y afrodescendientes.

El documento obedece a los puntos 1 y 5 del Decálogo para la protección y promoción de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, relacionados con la prevención de la violencia y la protección de la población frente al conflicto armado, así como a los derechos de las víctimas y la construcción de paz.

“Expresamos nuestra voluntad de promover e impulsar acciones concretas para trabajar por la igualdad y la eliminación de la discriminación y violencia contra las mujeres”, se lee, como líneas a destacar, en el texto del Pacto interinstitucional recién firmado.