“Esta alianza nos motiva y nos impulsa a continuar trabajando por el presente y futuro de la sociedad, basados exclusivamente en el interés superior de niños y niñas, teniendo en cuenta que sus derechos son prevalentes y tienen especial protección constitucional y, principalmente, con el más alto estándar de diligencia en todas las situaciones que puedan afectar o inobservar sus derechos”, dijo este miércoles el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El acuerdo tiene tres ejes principales: el primero es el retorno seguro a las aulas, en el que se busca contribuir a asegurar el derecho a la educación presencial de manera segura, con condiciones de bioseguridad y considerando niveles de contagio.

El segundo es sobre la identificación de la niñez migrante con necesidades de protección con alertas, difusión y gestión de casos de niños no acompañados o que están separados de sus familias.