Diversos conflictos de carácter social que incluyen la protesta de los indígenas en el Cauca, el paro camionero y las manifestaciones que durante semanas protagonizaron los estudiantes de la Universidad San Martín en diferentes ciudades del país, han caracterizado el comienzo de este año, en el que los equipos de mediación de la Defensoría del Pueblo redoblaron esfuerzos para prevenir violaciones a los derechos humanos en el marco de estos movimientos de insatisfacción.

Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento sobre 283 protestas, 70 de las cuales derivaron en plantones y concentraciones, 69 en marchas y movilizaciones, 50 en bloqueos a la movilidad y 38 en situaciones de cese de actividades.

El panorama indica que 27 departamentos del territorio nacional han sido escenario de las expresiones de inconformidad y que los sectores más activos en esta materia han sido los vecinos (es decir las comunidades residenciales) con el 25 por ciento de los movimientos de protesta, los transportadores con el 17 por ciento, el sector educativo con una participación del 35 por ciento, y los grupos éticos (entre los que se incluyen los indígenas caucanos) con un 27 por ciento.

A propósito de este último tema, y como resultado de una reunión efectuada en Santander de Quilichao con los comuneros, se acordó la creación de una mesa de derechos humanos para verificar las denuncias sobre atropellos contra indígenas, policías y ciudadanos que nada tienen que ver, pero que se han visto afectados durante los enfrentamientos y desórdenes registrados en el norte de ese departamento.

Hasta el momento, las regiones más afectadas por las expresiones de inconformidad desde diferentes sectores son Bogotá con 43 situaciones, Bolívar con 38, Antioquia con 26, Valle con 24 y el mencionado departamento del Cauca con 18 episodios de protesta social.

La Defensoría del Pueblo ha estado y seguirá atenta al acompañamiento de cada una de estas protestas, en el entendido de que son parte de un derecho constitucional que debe ser respetado y garantizado dentro del marco legal. En este sentido, la Entidad rechaza las vías de hecho que derivan en vulneraciones a las libertades fundamentales de otras personas ajenas a los movimientos sociales, y enfatiza en la necesidad de fortalecer los mecanismos de concertación para evitar que estos crecientes brotes de inconformidad tengan consecuencias para la movilidad y el abastecimiento de los colombianos.

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