Hace 60 años, el 10 de diciembre de 1948, Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, de diferentes continentes, con diversas ideologías, con distintos sistemas políticos, con variadas costumbres y culturas y múltiples concepciones religiosas participaron y aprobaron en el Palais de Chaillot en París (Francia), la Declaración Universal de Derechos Humanos, mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 217 A (III), por 48 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra.

La Declaración Universal de Derechos Humanos contiene, en su preámbulo y 30 artículos, los principios de los derechos humanos de dignidad humana; igualdad y no discriminación; libertad; tolerancia y solidaridad. Estos principios y derechos constituyen los contenidos que los Estados deben garantizar a todos los seres humanos, de todos los rincones del mundo y en igualdad de condiciones para que se erradique las oprobiosas condiciones en la que han vivido durantes siglos y podamos vivir una vida libre de la tiranía y la opresión; de actos de barbarie que ultrajen la conciencia de la humanidad y liberados del temor y de la miseria, tal como se desprende del pre ámbulo de la Declaración Universal.

La vigencia de los derechos humanos constituyen la garantía que tienen los seres humanos contra los abusos del poder; es el fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho; es el parámetro de legitimidad de un Estado y de una sociedad; es el presupuesto de la convivencia pacífica entre los miembros de una sociedad y acredita el cumplimiento de las obligaciones sobre derechos humanos que los Estados tienen para con los habitantes de su territorio.

Sesenta años después de proclamada la Declaración Universal de Derechos Humanos no podemos dejar pasar de manera desapercibida que en Colombia aún muchos seres humanos son víctimas de diversas formas de violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes; las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias; las amenazas contra sus vidas, libertad e integridad personales, en razón de la labor que desarrollan en la sociedad; de desplazamiento forzado; de discriminación, entre otras razones, por la condición económica, la orientación sexual, el género, la edad, la pertenencia a una comunidad indígena, afrodescendiente, raizal o rom, su pensamiento político. Hoy infortunadamente, muchas mujeres, niños y niñas sufren diferentes formas de violencia.

No menos alentador es la situación de muchos habitantes del territorio colombiano que viven en situación de pobreza o de pobreza extrema, sin que puedan acceder, entre otros, a los servicios de salud, a la educación, a una vivienda digna y sin que tengan sus necesidades básicas satisfechas.

También es necesario rechazar de manera enérgica y condenar, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario por los actores armados al margen de la ley que participan en la confrontación y que se empeñan, con la soberbia de la violencia, en desconocer la condición humana y en despreciar el llamado de un país que clama por el cese del terror. Estos hechos constituyen una afrenta para la dignidad del ser humano.

El Defensor del Pueblo hace, en esta fecha conmemorativa, un vehemente llamado a todas las instituciones del Estado para que de manera articulada y conjunta, inspirados en los principios y los propósitos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y atendiendo los deberes de respeto y garantía de los derechos humanos que tiene todo Estado, fortalezcan la adopción de las medidas necesarias, pertinentes y oportunas para que los derechos que se encuentran plasmados en la Declaración, en los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos y en la Constitución Política sean una realidad en la vida cotidiana de todos los habitantes del territorio colombiano y no se queden solamente plasmados en estos instrumentos.