• Un fallo judicial evidencia vacíos estructurales en la respuesta estatal frente a este delito que amenaza la biodiversidad y la seguridad nacional.
• La falta de información integrada y georreferenciada ha limitado la acción de las autoridades para controlar el tráfico ilegal de especies.
• Es necesaria, por lo tanto, la creación de herramientas tecnológicas y mecanismos de articulación para mejorar la prevención y el control que eviten el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre a nivel nacional.

Bogotá, 9 de mayo de 2026 (@DefensoriaCol). En una decisión sobre protección de la naturaleza en Colombia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de una acción de cumplimiento interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Defensa, de Justicia y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como contra las corporaciones autónomas regionales (CAR) del país. La sentencia les ordena avanzar en la implementación de medidas contra el tráfico ilegal de especies.

Este resultado evidencia un incumplimiento prolongado de la Ley 2153 de 2021, que fue advertido por la Defensoría, dada la falta de avances en su implementación. La norma ordena la creación de un sistema de información, registro y monitoreo para prevenir el delito de tráfico ilegal de especies en el territorio nacional, para lo cual el Estado tenía un plazo de 18 meses; sin embargo, han transcurrido más de cuatro años sin que esté plenamente operativo.

La Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada que la ausencia de un sistema integrado, actualizado y georreferenciado ha dificultado la identificación de rutas del tráfico ilegal, puntos críticos y dinámicas territoriales, limitando la adopción de medidas oportunas y eficaces.

Esta problemática reviste especial gravedad en Colombia, reconocido por su alta biodiversidad. El comercio ilegal de especies no solo pone en riesgo la supervivencia de miles de animales y plantas, sino que además está vinculado a estructuras de criminalidad organizada, lo que lo convierte en un asunto de interés para la seguridad nacional.

La decisión judicial declaró el incumplimiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y le ordenó, en coordinación con las otras entidades en mención y el apoyo de institutos científicos, avanzar en la creación, formulación, desarrollo e implementación del sistema nacional de información, registro y monitoreo.

Para ello, el Tribunal fijó un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la decisión e indicó que el sistema deberá incorporar un enfoque diferencial que tenga en cuenta las condiciones específicas de los territorios, incluidos corregimientos, municipios, departamentos y regiones de frontera.

 

 

Argumentos de la Defensoría

Como sustento de esta acción, la entidad adelantó un estudio a nivel nacional sobre la dinámica del tráfico de fauna silvestre entre 2021 y 2024, con base en información primaria recopilada de 29 CAR. El análisis evidenció que al menos 164.929 individuos fueron víctimas de este delito, siendo los reptiles los más afectados, como también las aves y mamíferos.

Igualmente, el estudio identificó especies altamente afectadas, como la iguana, la hicotea, el morrocoy, la babilla y la zarigüeya. Adicional a ello, patrones territoriales críticos en zonas del Caribe colombiano y vacíos en la información, como la falta de reporte sobre el destino final de más de 41.000 especímenes, lo que limita el seguimiento institucional.

Asimismo, puso de presente que alrededor de 80 especies en Colombia se encuentran en diferentes categorías de amenaza, muchas de ellas afectadas directamente por diferentes actividades ilícitas.

Para la Defensoría del Pueblo, esta decisión constituye un precedente relevante en la protección de los derechos colectivos y de la naturaleza que responde a un trabajo sostenido de seguimiento frente a posibles omisiones institucionales.

Proteger la fauna es proteger la vida

La Defensoría subraya que proteger la fauna silvestre es proteger la vida, los ecosistemas y los derechos colectivos, e insiste en que la defensa de la naturaleza es fundamental para garantizar la sostenibilidad de los múltiples sistemas de vida.

Con este fallo, el país enfrenta el reto de traducir las órdenes judiciales en acciones concretas. La entidad continuará defendiendo que se cuente con este registro para evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestres, insistiendo en la necesidad de que haya resultados efectivos en la defensa de la naturaleza y los derechos colectivos.