Apartadó, Antioquia, 27 de junio de 2025 (@DefensoriaCol). Con el objetivo de proteger los derechos humanos de la población privada de la libertad y contribuir a la búsqueda de soluciones al grave problema de hacinamiento carcelario, la Defensoría del Pueblo continúa liderando una serie de brigadas jurídicas interinstitucionales en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Apartadó, Antioquia. Estas acciones buscan garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad que se encuentran en condiciones de hacinamiento.

Actualmente, este centro penitenciario alberga a 692 personas en un espacio diseñado para 296, lo que representa un índice de hacinamiento del 230 %, situación que hace aún más urgente este tipo de intervenciones.

Las jornadas, que se realizan cada dos meses, cuentan con la participación de 16 defensores públicos del área penal, quienes analizan individualmente la situación jurídica de las personas condenadas, con el propósito de gestionar beneficios jurídicos y administrativos, incluyendo subrogados penales, conforme a la normatividad vigente y atendiendo las particularidades de cada caso.

La más reciente brigada se desarrolló en articulación con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Apartadó, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Apartadó y la Dirección del establecimiento penitenciario, en cumplimiento de la legislación vigente, así como de sentencias y directivas que establecen estándares para la protección de los derechos fundamentales de esta población.

Estas brigadas no solo permiten garantizar un acceso real y efectivo a la justicia, sino que también se consolidan como herramientas de inspección y seguimiento al régimen penitenciario, con el fin de verificar las condiciones de reclusión y velar por el respeto de los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la vigilancia permanente del sistema penitenciario y con la articulación institucional necesaria para transformar una realidad que vulnera los derechos de cientos de personas privadas de la libertad en la región.