Desde la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, la Defensoría del Pueblo ha orientado y asesorado a cerca de 9.765 víctimas de la violencia generada por los grupos armados organizados al margen de la ley que se han acogido a la misma; víctimas concentradas en su mayoría en los departamentos de la costa Atlántica, nororiente y noroccidente del país (principalmente en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Atlántico, Casanare, Bogotá y Urabá).

El 77% de las personas que han solicitado ayuda de la Defensoría del Pueblo son familiares de personas afectadas por la violencia y el porcentaje restante víctimas directas. Este grupo de colombianos denunciaron numerosas conductas delictivas como homicidios, desplazamientos forzados, reclamaciones relacionadas con bienes, desaparición forzada y lesiones y tratos inhumanos y degradantes. Las denuncias se incrementaron desde el último trimestre del año 2006, alcanzando su pico máximo en el trimestre enero - marzo de 2007.

La población denunciante, en su mayoría está conformada por mujeres (64%) y mayores de edad (92%); quienes expresan con mayor énfasis pretensiones de reparación y acceso a la justicia, ante lo cual, la Defensoría del Pueblo ha dispuesto la orientación, asesoría y representación judicial y extrajudicial necesarias para que las víctimas ejerzan estos derechos.

En ese sentido, la Unidad de Justicia y Paz de la Defensoría avanza en la conformación de un equipo de asesoría jurídica y apoyo sicosocial conformado por abogados, sicólogos y expertos en temas de bienes y tierras, quienes desempeñarán sus funciones en las diferentes regionales y seccionales.

Por su parte, la Defensoría Pública de la Entidad ya tiene la representación judicial de 2.307 víctimas que hoy participan en el proceso penal de justicia y paz; distribuidas en las ciudades de Barranquilla (55%), Bogotá (32%) y Medellín (13%).