Defensoría del Pueblo rechaza atentado contra integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC en la Cárcel “La Modelo” en Bogotá
- Vie, 03 oct 2025
El atentado ocurrido contra cuatro integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, en inmediaciones de la Cárcel La Modelo de Bogotá, constituye un hecho de extrema gravedad. A raíz de este hecho violento, un funcionario perdió la vida y tres más resultaron heridos, quienes actualmente están bajo atención médica.
Toda nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y acompañamos con respeto este momento de dolor.
Este hecho no puede ser tratado como un evento aislado. Se suma a una serie de agresiones en el marco del denominado “plan pistola”, que en los últimos tres años ha cobrado la vida de más de 30 integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC en todo el país. Cabe recordar que el 16 de mayo de 2024 fue asesinado el coronel Élmer Fernández, quien se desempeñaba como director de la Cárcel La Modelo, lo que evidencia la persistente amenaza contra funcionarios penitenciarios. Esta situación demanda respuestas inmediatas, coordinadas y contundentes por parte del Estado colombiano.
En este sentido:
- Hacemos un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que adelante con celeridad las investigaciones necesarias, esclarezca los hechos y lleve a los responsables ante la justicia.
- Exhortamos al INPEC y al Ministerio de Justicia y del Derecho a fortalecer de manera efectiva sus rutas institucionales de protección, de modo que se garantice la vida e integridad de los funcionarios penitenciarios en todo el territorio nacional.
- Solicitamos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar el nivel de riesgo de los dos funcionarios heridos y activar, de manera inmediata, las medidas de protección que resulten necesarias frente a la amenaza inminente que enfrentan.
Reiteramos que la humanización del sistema penitenciario y carcelario no puede limitarse exclusivamente a la garantía de derechos de la población privada de la libertad. El Estado colombiano tiene también el deber ineludible de garantizar entornos penitenciarios seguros y libres de violencias, que protejan la vida, la integridad y la dignidad de quienes cumplen la misión de ser guardias penitenciarios.

