Con el fin de que sean activadas de manera efectiva las rutas de atención contempladas en la Ley 1448 de 2011, la Defensoría del Pueblo les brinda asistencia técnica a la Alcaldía de La Vega, Cauca, y la Personería local, luego de que el municipio fuera atacado con explosivos por un grupo armado ilegal. 

La entidad, además, participó en un consejo de seguridad y en una sesión del Comité de Justicia Transicional, donde impulsó la articulación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Su finalidad es que todas las personas que fueron afectadas por el atentado, reciban atención integral. 

El atentado dejó cinco policías y tres civiles heridos (un menor de edad y dos adultos mayores); dos uniformados y uno de los adultos están en grave estado de salud. También resultaron afectadas 23 casas aledañas a la edificación policial, contra la que fue dirigida la explosión. El responsable del hecho, ocurrido el pasado domingo, habría sido el Frente Andrés Patiño, del Estado Mayor Central, disidencia comandada por alias ‘Iván Mordisco’.

La Vega había sido priorizado por la Defensoría del Pueblo desde marzo del 2025, a fin de que tuviera un mayor acompañamiento de la institucionalidad gubernamental, ante el incremento del riesgo de desplazamientos forzados, originados por los efectos directos e indirectos del conflicto armado. 

 

Los intereses de los grupos armados al margen de la ley

Este atentado daría cuenta del ingreso de las estructuras de ‘Mordisco’ a varios municipios del Macizo Colombiano, donde ha hecho presencia por años la guerrilla del ELN.

La Vega es vecino de Sucre, Almaguer y Bolívar, municipios del sur del Cauca advertidos en la Alerta Temprana 020 de 2022, que da cuenta de los riesgos para la población a causa de la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales. En la actualidad, están en riesgo Mercaderes, Florencia, Rosas, La Sierra, San Sebastián y Santa Rosa, también en el departamento del Cauca, poblaciones sobre las que llama la atención la Defensoría, con el propósito de que sean protegidas por los cuerpos de seguridad de la nación. 

Como es su deber, la Defensoría del Pueblo, con el trabajo en territorio de su equipo territorial, continuará acompañando a las víctimas del atentado en La Vega, población que nunca había sido objeto de ataques de tal naturaleza.