La Defensoría del Pueblo alertó sobre la crítica situación del derecho a la salud en el departamento del Amazonas, tras identificar un aumento sostenido de acciones de tutela que evidencian las graves barreras que enfrenta la población para acceder a servicios vitales. Estas dificultades son especialmente graves para las comunidades indígenas, que sufren la falta de servicios complementarios como transporte y viáticos, esenciales para recibir atención fuera de la región.

El diagnóstico fue realizado durante el Puesto de Mando Unificado (PMU) de salud liderado en Leticia por la Defensoría del Pueblo que reunió a autoridades de salud, Entidades Promotoras de Salud (EPS), el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), prestadores de servicios y veedurías sociales, con el objetivo de concertar soluciones efectivas para garantizar una atención oportuna, digna e intercultural.

 Durante el encuentro, la Defensoría destacó que existen varios factores que complican la situación. Por un lado, la alta dispersión geográfica, especialmente en los territorios indígenas ancestrales, dificulta el acceso a la atención médica. Además, muchos pacientes indígenas no son identificados en las bases de datos, lo que crea barreras adicionales. A esto se suman los obstáculos para transitar entre los regímenes de salud contributivo y subsidiado. Como consecuencia de estos problemas, se ha visto un aumento sostenido de tutelas, que se han convertido en un mecanismo importante para que la población acceda a los servicios de salud.

Como resultado de la jornada, los actores institucionales asumieron compromisos concretos para mitigar la crisis. Entre los acuerdos más relevantes se encuentran:

• Atención a comunidades indígenas: Revisar las tutelas relacionadas con transporte y viáticos para identificar barreras estructurales. Se trabajará con las autoridades indígenas para que los censos étnicos se utilicen en la identificación de beneficiarios. Además, se garantizarán albergues dignos para pacientes remitidos fuera del departamento, que incluyan alimentación, apoyo lingüístico y acompañamiento intercultural.
• Mejora de la oferta de servicios: Fortalecer las rutas de atención para la población habitante de calle y las personas con problemas de salud mental. Se priorizará la contratación de servicios de salud disponibles en el territorio antes de remitir pacientes a otras ciudades, con el fin de proteger su salud, seguridad y dignidad, evitando además choques culturales.
• Gestión financiera y sostenibilidad: Promover rutas ágiles para la movilidad entre regímenes de salud y asegurar la participación en los PMU de funcionarios de las EPS con capacidad real de decisión. Se exigirá a las EPS el pago oportuno y suficiente a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), corrigiendo giros insuficientes. La Defensoría, en su rol de garante, realizará una incidencia directa ante la Nueva EPS para que efectúe el pago a la IPS Unidad Renal de Leticia, entidad que ha seguido prestando servicios a pesar de haber recibido un abono del 11% de la deuda. Adicionalmente, se revisarán los modelos de contratación para asegurar la sostenibilidad financiera de los prestadores, incluyendo costos reales como la potabilización del agua.

• Marco legal y fronterizo: Gestionar una revisión nacional de la cobertura del SOAT para que incluya transporte fluvial y aéreo, crucial para la movilidad en la región. Asimismo, se explorará la posibilidad de promover mecanismos de coordinación binacional con Brasil y Perú para la atención de ciudadanos extranjeros.

La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de seguir acompañando a las comunidades del Amazonas y de incidir ante las entidades competentes para que las soluciones acordadas se implementen de manera efectiva. La meta es asegurar que el derecho a la salud en este territorio fronterizo sea una realidad para todas las personas, con un enfoque que respete su dignidad y diversidad cultural.