Santa Marta (Magdalena), 4 de diciembre de 2024 (@DefensoriaCol). En el Diálogo Defensorial para la Transformación realizado en Santa Marta, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, exhortó a autoridades territoriales y nacionales a garantizar y proteger el derecho al acceso a los servicios públicos domiciliarios, dadas las altas tarifas en el servicio de energía eléctrica, la intermitencia en los servicios, las fallas en la infraestructura, entre otras problemáticas, identificadas en el país.  

“Ante la urgente demanda de acciones de la ciudadanía, estamos impulsando la mediación, facilitando espacios entre las partes, como este, con el propósito de concertar compromisos entre los diferentes actores y garantizar los derechos de las comunidades”, señaló la Defensora Iris Marín Ortiz.

Datos registrados a nivel nacional

El Observatorio de Conflictividad Social de la entidad de derechos humanos registró 915 eventos de conflictos sociales entre el 1 de enero del 2022 y el 15 de noviembre del 2024 en Colombia, todos asociados a fallas en la prestación de servicios públicos domiciliarios. De estos, el 78% se concentró en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar, La Guajira, Córdoba, Tolima, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cauca y Sucre, siendo la región Caribe la que presentó el mayor número de casos.  

Además, el 93% de los conflictos, con 851 eventos, fue por falencias en el acceso al agua y la energía eléctrica; el 4%, con 37 casos, por inconformidades en la prestación de varios servicios, y por gas y aseo domiciliario, el 2% y 1%, respectivamente.

Llamado de la Defensoría de Pueblo

A los problemas de calidad, sostenibilidad, infraestructura y desafíos financieros en la prestación de los servicios públicos se suma la presencia de grupos armados ilegales, que dificulta mejoras en la infraestructura y la inversión estatal, lo cual aumenta la vulnerabilidad de las comunidades.

Esta situación, además de privar a familias y comunidades de los servicios esenciales, afecta derechos constitucionales, como la salud, la educación, a la alimentación, los derechos de niñas y niños, los de pacientes y los de personas con discapacidad, entre otros.

Por todo esto, la Defensora del Pueblo aseguró que “es responsabilidad de los gobiernos locales y nacional brindar los mecanismos normativos y hacerles control a las empresas prestadoras para asegurar el acceso, además de poner a funcionar nuevas tecnologías que permitan diversificar las posibilidades del suministro de los servicios”.

Es fundamental contar con un enfoque integral, finalizó Iris Marín Ortiz, “que aborde las necesidades inmediatas relacionadas con el acceso a servicios básicos en simultánea con los problemas subyacentes de pobreza, desigualdad y conflictos sociales, y así se pueda apuntar a asegurar el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la población, sin escenarios de incertidumbre, sin nuevas conflictividades, teniendo como horizonte velar por la garantía de un buen futuro para todas y todos".