Aval de Corte Constitucional a Convención Interamericana brinda más herramientas para proteger a las personas mayores

Aval de Corte Constitucional a Convención Interamericana brinda más herramientas para proteger a las personas mayores

  • Mar, 30 nov 2021

Aval de Corte Constitucional a Convención Interamericana brinda más herramientas para proteger a las personas mayores

Comunicado 218 de 2021 l  “Recibimos con mucha satisfacción y, a la vez, responsabilidad, la decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible la Ley 2055 de 2020, que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esto nos dará más herramientas para seguir trabajando por los derechos de las personas mayores en el país y es un paso muy grande para promover, proteger y asegurar el pleno goce y el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores en Colombia”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Durante varios años, en la Defensoría del Pueblo se han realizado diferentes acciones encaminadas a la difusión y aprobación de la Convención, como al menos 100 jornadas de difusión a 5.000 funcionarios y personas mayores, enfatizando en su importancia y la relación que esta tiene en el ordenamiento jurídico nacional para avanzar de manera cierta y progresiva en la garantía y el goce efectivo de los derechos humanos de la población mayor en el país.

También se elaboraron documentos como el informe defensorial ‘Hacia un cambio de paradigma sobre la vejez en Colombia: del asistencialismo a la garantía de derechos (agosto de 2020)’; el compendio normativo ‘Los derechos humanos de la vejez en Colombia (2021)’ y una serie de solicitudes y conceptos como a la Presidencia de la República o la Cancillería, así como llamados para que otros países se adhieran a la Convención y más recientemente, un oficio para que el Congreso impulsara la norma ahora aprobada por la Corte.

 “Con la Convención se reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida digna, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y una participación activa. También debemos ver esta decisión como una oportunidad para armonizar la normativa y las políticas públicas existentes sobre vejez y envejecimiento, con lo dispuesto en este instrumento internacional”, concluyó el Defensor del Pueblo.