Neiva, Huila, 24 de junio de 2025 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo participó en la primera sesión del año de la Mesa Interinstitucional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el municipio de Neiva, Huila. El encuentro, realizado en el Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas de la capital huilense, fue el espacio propicio para revisar los avances y trazar las rutas de acción en la incansable labor de encontrar a quienes el conflicto armado arrebató.

Durante la sesión, se destacaron avances significativos en la intervención del Cementerio Central de Neiva, una labor fundamental que se enmarca en la medida cautelar decretada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para proteger y facilitar las acciones forenses en este sitio de interés, donde se presume podrían hallarse los restos de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

La Mesa Interinstitucional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Neiva fue establecida mediante el Decreto 0495 del 29 de julio de 2021, con el fin de crear una plataforma de articulación cuyo propósito central es diseñar y coordinar estrategias de apoyo y logística para la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas en la jurisdicción municipal. Su estructura incluye a representantes de la administración local, como la Alcaldía de Neiva y la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, lo que asegura el compromiso y la dirección política de esta vital iniciativa.

En el encuentro, se hizo un llamado enfático a continuar priorizando las labores administrativas necesarias para asegurar el avance de la intervención en aquellos puntos de interés forense que aún no han sido explorados. La agilización de estos procesos es esencial para garantizar que cada espacio con potencial de verdad sea abordado con la celeridad y el rigor que las familias buscadoras merecen.

La desaparición forzada representa una de las violaciones más graves y persistentes de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano. Es reconocida internacionalmente como un crimen de lesa humanidad y, por su naturaleza, se clasifica como un delito de ejecución continua o permanente, lo que significa que sus efectos perduran hasta que se esclarece el paradero de la persona desaparecida. Este flagelo ha dejado una profunda huella en la sociedad colombiana, afectando a miles de familias a lo largo de décadas.

Según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), hasta marzo de 2025, un total de 1.577 personas son buscadas en el departamento del Huila. Esta cifra subraya la magnitud del desafío humanitario que aún persiste en la región y la urgencia de redoblar los esfuerzos interinstitucionales y sociales.

La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de acompañar a las víctimas y sus familias en este doloroso pero esperanzador camino, velando por la garantía de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La búsqueda de cada persona desaparecida es una prioridad que nos convoca a todas y todos.