La Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República lideraron una jornada de trabajo en el marco de la Mesa de Expertos: Financiación de la Ley de Víctimas y sus Decretos Ley Étnicos, con el propósito de fortalecer los mecanismos de financiación y sostenibilidad de las políticas públicas dirigidas a la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 2421 de 2024, que modifica la Ley 1448 de 2011.

La actividad, encabezada por la Delegada para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado Interno, en articulación de la Delegada para el Posconflicto de la Contraloría General de la República, se desarrolló en el marco de la Comisión de Financiamiento para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, instancia en la que la Defensoría participa para garantizar el cumplimiento integral de los derechos de las víctimas desde un enfoque de derechos humanos.

El encuentro contó con la participación de la  Delegada para los Pueblos Étnicos y la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras,  el Departamento para la Prosperidad Social y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La representación de la sociedad civil estuvo a cargo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).

Desafíos para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas

Durante la jornada, se analizaron los principales retos en materia de financiación y ejecución presupuestal, identificando cuellos de botella, hallazgos y propuestas que permitan avanzar hacia una implementación efectiva de la Ley de Víctimas y sus Decretos Ley Étnicos.

Las discusiones se desarrollaron a partir de las conclusiones del ejercicio de costeo realizado por la Contraloría General de la República y de los informes más recientes de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas. El análisis incorporó el enfoque de Soluciones Duraderas, en coherencia con el Documento CONPES 4031 de 2021, que actualiza el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (PNARIV). Este instrumento recoge los aprendizajes de más de una década de implementación de la política pública y refuerza su articulación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR).

Entre las principales preocupaciones identificadas se encuentra la urgencia de reglamentar la Ley 2421 de 2024 y los Decretos Ley Étnicos, así como la revisión de las fuentes de financiación de las 49 entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). También se resaltó la necesidad de fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de información y de contar con un universo actualizado y real de víctimas, especialmente ante el recrudecimiento del conflicto armado interno y el incremento de los hechos victimizantes en el país.

Adicionalmente, se advirtió la ausencia de trazadores presupuestales específicos para la atención de los pueblos étnicos y de las víctimas en el exterior, así como las dificultades para lograr una articulación efectiva entre el SNARIV y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. De igual forma, se reiteró la importancia de avanzar en la formulación de la Ley de Competencias que permita delimitar responsabilidades institucionales y garantizar una implementación más efectiva de la política de atención y reparación.