El Defensor del Pueblo hizo la reunión en Florencia con presencia de la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Atención a Víctimas del Departamento para la Prosperidad Social, la Personería y la Alcaldía de la capital del Caquetá, la Registraduría, la Policía y el Ejército, el Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán, representantes de organizaciones sociales y una representante de la Gobernación, para que se adopten medidas de atención a los desplazados en esa región.

Del corregimiento Río Negro, jurisdicción del municipio Puerto Rico, se han desplazado 15 familias a El Doncello, 10 a Florencia y otras seis están buscando cómo salir de la zona.

Para el Defensor del Pueblo es importante que la administración departamental del Caquetá, en coordinación con el Comité Regional de Justicia Transicional, activen pronta y eficazmente los planes de contingencia con el fin de atender a las familias desplazadas; también que se lleven a cabo las acciones necesarias para proteger a la población que permanece en el corregimiento de Río Negro.

También llama la atención sobre la situación que están viviendo los campesinos del área rural del corregimiento La Unión Peneya, jurisdicción del municipio La Montañita, en donde después del ataque al Batallón Contra el Narcotráfico y la desaparición del periodista francés Roméo Langlois, el pasado 27 de abril, sus habitantes se encuentran en estado de zozobra por eventuales enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla que opera en la zona.

Para este caso, y mientras las condiciones de orden público y las vías de acceso lo permitan, Pérez Ortiz dispuso de una comisión especial de funcionarios que se desplazó desde Bogotá, con el fin de realizar un diagnóstico sobre posibles escenarios de riesgo e identificar las acciones que en materia de protección y prevención se puedan adoptar para las comunidades.