• Dos informes de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de derechos humanos en la subregión dan cuenta de que sus habitantes aún padecen graves afectaciones, originadas por diversas formas de violencia.
• En consecuencia, el Estado debe poner en marcha medidas integrales y sostenidas que garanticen la protección de la población civil, prevengan el reclutamiento de menores de edad y adolescentes y frenen las violencias basadas en género.

Tibú (Norte de Santander), 16 de enero de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo presentó en Tibú, Norte de Santander, dos informes sobre la situación de derechos humanos en la subregión Catatumbo, los cuales dan cuenta de que, un año después del desplazamiento masivo registrado a causa de la agudización del conflicto armado, la población civil continúa enfrentando graves afectaciones derivadas del control territorial de actores armados ilegales, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) y diversas formas de violencia.

A través del informe Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz, se elevan las voces y reclamos de las víctimas con testimonios y crónicas recolectadas a lo largo de ocho meses en el territorio por la Defensoría del Pueblo. Y el informe Más allá de la emergencia: recomendaciones para la recuperación temprana y la estabilización del Catatumbo es el resultado del trabajo conjunto entre la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, con el propósito de emitir recomendaciones de política pública.

“Quisimos darle voz a la gente que vive en el Catatumbo, la que ha enfrentado los daños, los dolores. Los hechos narrados por la gente son crímenes internacionales”, aseguró desde Tibú (Norte de Santander) la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante su intervención en la audiencia en la que fueron presentados los dos informes.

La entidad de derechos humanos reitera su llamado urgente al Estado colombiano para que implemente medidas integrales y sostenidas que garanticen la protección de la población civil, prevenga el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, así como medidas de prevención y protección específicas frente a violencias basadas en género.

Igualmente, lo exhorta a atender de manera estructural las causas del conflicto armado en el Catatumbo mediante una presencia estatal efectiva, con infraestructura y capacidades, inversión social y garantías reales de derechos para los pueblos y comunidades del territorio.

Una crisis humanitaria que se profundizó en 2025

A inicios del 2025, la crisis humanitaria en el Catatumbo se desbordó como consecuencia de la confrontación armada entre el disidente Frente 33 de las extintas Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Si bien esta subregión ha estado atravesada por dinámicas de violencia desde la década de los años 80, a partir del 16 de enero del año anterior, la disputa territorial entre estos grupos armados ilegales concentró la atención nacional por la magnitud de sus impactos humanitarios.

El estado de conmoción interior y los compromisos por cumplir

Tras la declaratoria del estado de conmoción interior, fueron anunciadas medidas para fortalecer la institucionalidad, aumentar la presencia de la fuerza pública, recuperar el control territorial, proteger a poblaciones vulnerables y avanzar en desarrollo rural, sustitución de cultivos e implementación del Pacto Catatumbo. No obstante, lideresas y líderes sociales y habitantes le manifestaron a la Defensoría del Pueblo que muchos de estos compromisos no se los cumplieron y que persiste el abandono estatal histórico en la subregión.

La población del Catatumbo mantiene la expectativa de que se concreten proyectos estratégicos que les permitan superar el abandono profundo y prolongado por parte del Estado.

 

Violencias persistentes y riesgos para la población civil

La Defensoría ha recogido testimonios que evidencian la profundidad del drama humanitario que ha dejado un conflicto entre personas que antes compartían el territorio, como vecinos, familiares y amigos, y que hoy se ven enfrentadas por la lógica de la guerra.

Esta confrontación generó desplazamientos masivos, confinamientos y múltiples hechos de violencia que aún continúan afectando a la población civil y transformando profundamente las formas de vida en el territorio. Según datos de la Unidad para las Víctimas, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre del 2025, fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado (101.587), seguido de amenazas (7.777), confinamiento (3.772) y abandono o despojo forzado de tierras (2.948).

“Les hemos pedido al Frente 33 y al ELN que abran un espacio humanitario y se comprometan seriamente con el respeto a la población civil y al derecho internacional humanitario. Confiamos en que, de alguna manera, puedan entender que esta guerra es de ellos, no de la gente. Que ninguno de los dos grupos va a ganarla, los dos ya la están perdiendo porque atacan a la población sin ningún tipo de reparo por los derechos que tiene, porque muchos de sus hombres mueren también en los combates”, afirmó la Defensora del Pueblo. 

Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes

El reclutamiento forzado y la vinculación mediante engaños continúan afectando a NNA del Catatumbo. Regalos, promesas de un futuro mejor y la presión ejercida por los grupos armados han truncado proyectos de vida. Entre enero y noviembre del 2025, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, reportó la desvinculación de 49 menores de edad en distintos municipios de la subregión.

La Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Iglesia católica, ha contribuido a la recuperación de adolescentes vinculados(as) al ELN y al Frente 33, evidenciando la urgencia de fortalecer las acciones de prevención y protección integral de la niñez.

Minas, drones y la transformación de la guerra

En el Catatumbo, el conflicto armado ha incorporado el uso de drones, artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal, prácticas prohibidas por el derecho internacional humanitario, DIH, que han convertido zonas rurales en campos minados y permitido un mayor control territorial de los actores armados.

Según personeros municipales, estas acciones impiden que campesinos trabajen sus tierras, lo cual afecta gravemente al pueblo indígena Barí, restringiendo su movilidad, actividades productivas y prácticas culturales por el riesgo permanente de explosiones. Adicionalmente, existe impacto emocional por la zozobra que generan estos estallidos.

Cifras que revelan la magnitud del daño

Las cifras nacionales dan cuenta de la gravedad de los hechos. Entre 1990 y el 31 de julio del 2025, en Colombia se registraron 12.610 víctimas por minas antipersonal y municiones sin explosionar: 10.244 personas lesionadas y 2.366 fallecidas. En Norte de Santander, la afectación ascendió a 978 víctimas.

Solo entre enero y diciembre del año pasado, se reportaron 20 eventos que dejaron 22 víctimas, al menos una de ellas mortal, en Tibú, Hacarí, San Calixto y Lourdes, municipios del Catatumbo. Estos hechos fueron atribuidos principalmente al ELN y al Frente 33.

El secuestro: una herida que no cierra

El secuestro continúa siendo una práctica utilizada por los grupos armados para ejercer control, obtener recursos o presionar a las comunidades. Durante el 2025, la comisión humanitaria facilitó la liberación de 121 personas; sin embargo, 59 permanecían secuestradas al cierre del año.

Estos hechos han mantenido a sus familias en un estado permanente de angustia e incertidumbre. El secuestro no distingue clases sociales, color de piel, tampoco preferencias políticas.

Violencias basadas en género y afectaciones a niñas

Entre enero y noviembre del 2025, se documentaron 634 casos en Norte de Santander, incluidos hechos de trata de personas y violencia sexual.

Mujeres, niñas y adolescentes enfrentan restricciones al acceso a la salud sexual y reproductiva y a embarazos no deseados; adicionalmente, reportaron casos de explotación sexual. 

Economías ilegales y expansión del conflicto

La expansión de las economías ilegales en el Catatumbo, particularmente los cultivos de uso ilícito concentrados en Tibú, sigue alimentando el conflicto armado y fortaleciendo a los grupos armados ilegales.

La Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias de comerciantes que reportan prácticas de control como la carnetización y la obligación de portar chalecos con insignias, así como la consolidación de economías ilícitas, ligadas a la extorsión, el contrabando, la trata de personas y el control del paso de migrantes, como fuentes claves de financiación de esas estructuras al margen de la ley.

 

Un escenario de alto riesgo para la democracia

La persistencia del conflicto armado ha encendido las alertas frente a los procesos electorales del 2025 y 2026. La Defensoría ha advertido que la disputa territorial entre grupos armados ilegales pone en riesgo las garantías democráticas, la participación política, la seguridad de candidaturas e infraestructura electoral.

Informes de la Misión de Observación Electoral, MOE, confirman la gravedad de la situación en el Catatumbo, donde se concentran múltiples hechos violentos en un territorio clave para los comicios.

Las voces del Catatumbo: caminos para superar la crisis

A pesar de la violencia y el abandono histórico, las comunidades del Catatumbo insisten en la necesidad de avanzar en procesos de paz que incluyan a la población, garantizar el cumplimiento de los acuerdos, promover economías lícitas y sostenibles, mejorar la infraestructura vial y fortalecer una presencia institucional integral que asegure derechos y no solo control armado. 

Reclaman, además, el acceso efectivo a salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria, atención psicosocial y el cumplimiento de decisiones judiciales como la Sentencia T-052 de 2017, fundamentales para la armonización territorial y la garantía de derechos del campesinado y del pueblo Barí.

“Persisten respuestas fragmentadas, centradas en la atención básica, que dejan de lado la posibilidad real de construir soluciones duraderas desde el primer día de la crisis. Esta desconexión entre la fase de la acción humanitaria inmediata, que se da cuando se produce el desplazamiento forzado, y la construcción de paz, el desarrollo, el retorno, la reubicación y las soluciones duraderas para los desplazados, pues es necesaria abordarla desde el principio para evitar que se perpetúen las causas estructurales de la vulnerabilidad”, enfatizó la Defensora Iris Marín Ortiz.

La Defensoría del Pueblo amplifica así las voces que las y los habitantes del Catatumbo le confiaron, esperando que, a través de la réplica de sus sufrimientos, los graves crímenes que ocurrieron en este contexto y sus añoranzas, exista un camino para ponerle freno a la guerra y cumplir con los anhelos de paz para su territorio.

 

 

 

 

 

Informes Especiales: Crisis en el Catatumbo

Consulte a continuación las versiones digitales completas de los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo y el PNUD sobre la situación en el Catatumbo.