La débil presencia de la institucionalidad gubernamental y la fragilidad de las entidades locales llevaron a la Defensoría del Pueblo a realizar jornadas de restablecimiento de derechos en San Isidro, Villa Conto y Paimadó, corregimientos de Río Quito, municipio localizado en la subregión del Atrato, Chocó. Durante dos días, 11 funcionarias y funcionarios de su regional en el departamento y del nivel central de la entidad dieron atención especializada y profesional, tanto individual como colectiva, a 198 personas (139 mujeres y 59 hombres). 

Río Quito es una zona que sirve como corredor estratégico para los grupos armados al margen de la ley que delinquen en el departamento. Su población es de 9.395 habitantes: 4.683 (49,9%) son hombres y 4.712 (50,2%) mujeres. La urbana suma 2.744 habitantes (29,2%) y la rural, 6.651 (70,8%).

La minería, la agricultura, la pesca y la explotación maderera son las principales fuentes de ocupación del municipio; sin embargo, la minería ilegal tiene una mayor intensidad, lo que representa un factor de vulnerabilidad territorial ante los intereses de financiación de los actores armados ilegales, fuente de la amenaza. 

Sesión sobre acción de grupo, e identificación de riesgos derivados del conflicto

El equipo de la entidad llevó a cabo una sesión informativa con quienes serían beneficiarias y beneficiarios de un pago —cuya acción de grupo con sentencia confirmada en el fallo 064 del 27 de mayo de 2022, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó— que obedece a los daños ambientales y ecológicos ocasionados en la cuenca del río Quito, como consecuencia de la actividad minera.

Las y los servidores púbicos de la Defensoría socializaron las etapas desarrolladas en el proceso judicial. Explicaron con detalle su actual estado y recalcaron que, en tanto no haya un pronunciamiento de fondo del juzgado competente, no es posible iniciar el trámite administrativo de pago. Igualmente, aclararon que la entidad no ha sido notificada sobre la conformación del grupo de beneficiarios, motivo por el que aún no hay una relación oficial que permita identificar a las personas con derecho al reconocimiento y pago de la indemnización. 

La sesión logró reducir la tensión social, brindar mayor claridad jurídica sobre el proceso y generar un ambiente de comprensión sobre las limitaciones legales que impiden comenzar el debido trámite. 

Otra de las acciones hechas consistió en realizar, en articulación con funcionarias(os) locales, autoridades étnico-territoriales y miembros de juntas de acción comunal una atención a comunidades focalizadas, a partir de las dinámicas de violencia que se han derivado del conflicto armado. Asimismo, fueron identificados escenarios de riesgo para las y los habitantes de los tres corregimientos, razón por la que fue hecha incidencia ante el despacho del alcalde de Río Quito.

 

Atención a víctimas, VBG, temas de familia y laborales

Adicionalmente, fueron realizadas atenciones a población que ha sufrido hechos victimizantes. Les brindaron orientación sobre sus derechos y la ruta de indemnización, solicitudes y ayudas humanitarias, y novedades sobre lo que les ha impedido recibir la indemnización administrativa. La Defensoría se comprometió a hacer los requerimientos correspondientes ante la Unidad para las Víctimas.

Otra acción estuvo encaminada al restablecimiento de derechos, la prevención y atención de violencias basadas en género (VBG) que han padecido mujeres y personas con orientación sexual e identidad y expresión de género no hegemónica (OSIEGNH). También, el equipo de la entidad nacional de derechos humanos dio asesorías a cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad.

Igualmente, brindó asesoría especializada en temas de familia, civiles, administrativos y laborales, en especial porque la comunidad de la zona tiene dificultades para desplazarse hasta el casco urbano municipal. Fue hecha verificación sobre el acceso a servicios públicos domiciliarios esenciales, como acueducto, alcantarillado, entre otras acciones.

Así, la Defensoría del Pueblo continúa haciendo incidencia en el departamento del Chocó, particularmente en territorios donde distintos tipos de violencia han redundado en ausencia del Estado y el fortalecimiento de actores armados ilegales, con la finalidad de salvaguardar los derechos de las comunidades vulnerables.