Las acciones, ocurridas entre el 4 de noviembre y el pasado 2 de diciembre, han dejado como saldo la muerte de tres civiles, el secuestro de dos personas y amenazas contra dos dirigentes de la región, además de la suspensión de importantes obras de infraestructura para los habitantes de ambas localidades.

Inicialmente, en inmediaciones de la bocatoma del acueducto de Santa Rita de Iró, se produjo un accidente con mina antipersonal, que ocasionó graves lesiones al ciudadano Luis Orteliano Sánchez, de 36 años de edad, quien inmediatamente perdió una de sus extremidades inferiores como consecuencia de la explosión.

Ante la imposibilidad de una asistencia oportuna, por cuenta de los controles que ejerce el ELN en esa parte del territorio nacional, campesinos y vecinos se organizaron para acudir en auxilio de la víctima, produciéndose un hecho aún peor, pues en el camino estalló otro artefacto que ocasionó la muerte de los civiles Otoniel Pérez Mosquera y Migdonio Pérez Mosquera; pero por si fuera poco y como no fue posible atender a quien en principio resultó afectado por la activación de las minas antipersona, también se produjo el fallecimiento del señor Orteliano Sánchez.

Posteriormente, en la vereda Brujitas del municipio de Río Iró, fue secuestrado el trabajador Héctor Euclides Orjuela, contratista de la administración municipal para las obras civiles de construcción de la vía que comunicará a Condoto y Santa Rita de Iró, pues actualmente la única forma de llegar a uno y otro lugar es por vía fluvial. Tanto el plagio del operario como las amenazas que ha proferido el ELN contra las personas que contratan con la alcaldía de Río Iró, provocaron la suspensión de los trabajos, que aún hoy permanecen estancados.

Cuatro días después fue secuestrado el líder político y comerciante Marino Ibargüen, en momentos en que se desplazaba entre las poblaciones de Nóvita e Itsmina, situación a la que se suman las amenazas proferidas a finales de la semana contra el Personero de Nóvita, Haydin Valencia Copete (quien cuenta con un chaleco antibalas y un celular como elementos de protección), y contra el alcalde electo del mismo municipio, Deyler Mosquera.  

Ante estos lamentables hechos, que vuelven a sacudir al departamento del Chocó, la Defensoría del Pueblo llamó la atención de las autoridades y reclamó explicaciones al ELN.