En cumplimiento de su mandato constitucional de promover, ejercer, divulgar y proteger los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo lideró una reunión técnica interinstitucional para avanzar en la estructuración de una ruta común de tamizaje, medición y generación de alertas tempranas en salud mental para comunidades universitarias.

Este encuentro responde a lo establecido en la Ley 2460 de 2025, la cual modifica la Ley 1616 de 2013 y fortalece las acciones de promoción, prevención y atención integral en este ámbito. En ese contexto, se consolidó la propuesta de crear un Comité de Salud Mental como la instancia clave de articulación, gobernanza y coordinación técnica para la construcción de una ruta nacional universitaria.

La sesión se realizó el miércoles 10 de junio en la sede de la Defensoría del Pueblo y reunió a entidades del Gobierno Nacional, autoridades distritales, universidades y asociaciones especializadas.

Así estará conformado el Comité de Salud Mental

La propuesta contempla que este comité cuente con la Defensoría del Pueblo como entidad convocante, articuladora y garante del enfoque de derechos, y esté integrado por un núcleo institucional permanente y técnico:

• Sector Gobierno y Control: Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Instituto Nacional de Salud (INS) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
• Sector Distrital: Secretaría Distrital de Salud y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea).
• Gremios y Academia: Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI), Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) y la Asociación Colombiana de Psiquiatría.
• Red de Servicios: Instituciones de Educación Superior (IES), EPS, IPS y redes de bienestar universitario.

Desde su rol constitucional, la Defensoría del Pueblo acompañará este proceso con el propósito de garantizar que la respuesta institucional se construya desde un enfoque de derechos, dignidad humana, no discriminación, confidencialidad, participación y acceso efectivo a los servicios de salud.

Una ruta técnica, ética e interoperable

Durante la mesa, la Defensoría del Pueblo señaló que la ruta nacional deberá contemplar criterios de validez, confiabilidad, sensibilidad cultural y pertinencia poblacional, así como mechanisms de interoperabilidad con sistemas de información, protección de datos personales y confidencialidad.

La propuesta discutida busca avanzar hacia un modelo de tamizaje integral que permita evaluar no solo síntomas asociados a la salud mental, sino también factores de riesgo, factores protectores, barreras de acceso a servicios, exposición a violencias, consumo de sustancias psicoactivas, carga académica y condiciones sociales que afectan el bienestar de las comunidades universitarias.

Igualmente, se planteó que el Comité de Salud Mental defina los dominios mínimos de evaluación, los instrumentos de medición, los criterios de comparabilidad, los umbrales de alerta, los canales de respuesta, los tiempos de atención, los mecanismos de derivación y los lineamientos para la generación de reportes territoriales.

Aportes técnicos e insumos para el diseño

Durante la reunión se revisaron los principales alcances de la Ley 2460 de 2025, especialmente en lo relacionado con la articulación entre entidades educativas y de salud, la conformación de mesas técnicas permanentes y el fortalecimiento de modelos comunitarios de prevención.

La Defensoría del Pueblo informó que pondrá a disposición de las entidades participantes investigaciones e insumos técnicos sobre salud mental y factores de riesgo en población universitaria para apoyar la construcción colectiva de la estrategia. Asimismo, destacó que las experiencias previas del país en evaluación de riesgos psicosociales servirán como referente técnico para el diseño del modelo universitario.

Finalmente, la entidad reiteró que la articulación entre las universidades, el sector salud (EPS e IPS) y las entidades nacionales y territoriales será fundamental para consolidar una ruta técnicamente sólida, financieramente viable y orientada a fortalecer la prevención, la detección temprana y la atención integral en salud mental en las universidades del país.