Culmina la visita del MESECVI y emite recomendaciones para la protección integral de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes del Catatumbo

Bogotá, 14 de febrero de 2026 (@DefensoriaCol). Culminó la visita oficial realizada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), órgano técnico de la Organización de los Estados Americanos, realizada entre el 9 y el 13 de febrero de 2026 en Bogotá y Cúcuta, con el propósito de analizar la grave situación de derechos humanos que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes en la subregión del Catatumbo, Norte de Santander.

Esta visita fue solicitada por lideresas sociales organizaciones de mujeres del territorio y nacionales, incluyendo la coalición “Las mujeres Abrazamos el Catatumbo” y, posteriormente, fue formalizada a través de una invitación de la Defensoría del Pueblo. Su realización es un paso fundamental en el fortalecimiento del acompañamiento técnico de la OEA al Estado colombiano en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

Los hallazgos preliminares presentados por el Comité evidencian un panorama crítico de vulneración sistemática y estructural de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, agravado por el recrudecimiento del conflicto armado, el desplazamiento forzado, la trata de personas, la violencia sexual, el reclutamiento y las nuevas formas de violencia mediadas por tecnologías digitales.

La violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Es una violación grave y continuada que compromete la responsabilidad del Estado y exige respuestas urgentes, integrales, coordinadas y sostenidas. Subrayamos la obligación estatal de actuar con debida diligencia reforzada en contextos de conflicto armado y crisis humanitaria, garantizando el derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de violencias y discriminación.

Resulta imprescindible reconocer que las afectaciones no son homogéneas. Las mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y rurales; las mujeres migrantes, en particular venezolanas; las niñas y adolescentes; así como las lideresas y defensoras de derechos humanos, enfrentan riesgos diferenciados y agravados que demandan medidas específicas de prevención, protección, atención y reparación.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de:

          •         Mantener y fortalecer el trabajo articulado con las entidades del orden nacional, departamental y municipal, así como con el Ministerio Público, el sector justicia y las instancias de protección, para mejorar la coordinación institucional y garantizar rutas de atención efectivas, accesibles y adaptadas al contexto del territorio.

          •         Hacer seguimiento permanente a las recomendaciones preliminares formuladas por el MESECVI, promoviendo su incorporación en planes, presupuestos con enfoque de género, mecanismos de articulación y acciones urgentes en el territorio.

          •         Impulsar espacios de diálogo y articulación con las organizaciones de mujeres, lideresas y defensoras, reconociendo su papel fundamental en la identificación de riesgos, la protección comunitaria y la construcción de paz.

          •         Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo, rendición de cuentas y verificación del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario con enfoque de género.

Destacamos de manera especial el trabajo sostenido de las organizaciones de mujeres, cuya valentía, resiliencia y liderazgo han sido determinantes para visibilizar la crisis humanitaria y las violencias basadas en género. Su voz y participación efectiva deben estar en el centro de cualquier estrategia de respuesta estatal.

Asimismo, valoramos la disposición del Comité de Expertas de realizar una segunda visita técnica en el próximo mes, orientada a presentar el informe final y evaluar los avances en la implementación de las medidas urgentes. La Defensoría del Pueblo expresa su plena disposición para acoger nuevamente esta misión, facilitar los espacios de diálogo institucional y comunitario, y acompañar el proceso de seguimiento y verificación.

Reiteramos que garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la dignidad de las mujeres y niñas es una obligación constitucional e internacional del Estado colombiano. En el marco de la Política Exterior Feminista y del derecho de las mujeres a la paz y a la seguridad, con especial énfasis en su derecho a vivir una vida libre de violencia, la Defensoría del Pueblo continuará ejerciendo su mandato de velar por el ejercicio de los derechos humanos, así como por su promoción y defensa.