• La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades nacionales, regionales y locales para que avancen de manera decidida en el cumplimiento de los acuerdos de reconstrucción con el pueblo raizal de Providencia, en el marco de la Sentencia T–333 de 2022 y los compromisos derivados de la consulta previa.
• La Entidad advierte que la falta de avances en la recuperación de la isla y la ausencia de condiciones seguras frente a la temporada de huracanes representan una grave vulneración a los derechos humanos de sus habitantes, especialmente a la vida, la vivienda digna, la salud, el ambiente sano y la seguridad frente a desastres previsibles.

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2025 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, hace un llamado urgente a las entidades del orden nacional, regional y local para que avancen de manera decidida en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina, en el marco de la Sentencia T–333 de 2022 y de los acuerdos derivados del proceso de consulta previa realizado en la isla.

La Entidad recuerda que la Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales a la vivienda digna, agua potable, saneamiento básico, ambiente sano, salud, consulta previa e identidad cultural de los pobladores de Providencia, luego del paso del huracán Iota en 2020. A partir de esa decisión se protocolizaron cerca de 500 acuerdos entre el Estado colombiano y el pueblo raizal, orientados a garantizar una reconstrucción integral, participativa y con enfoque de derechos.

Sin embargo, tras casi un año de haberse protocolizado dichos acuerdos, persiste un preocupante incumplimiento y escaso avance en su ejecución, así como una falta de compromiso por parte de algunas entidades para garantizar el goce efectivo de los derechos del pueblo raizal y la recuperación sostenible de la isla.

La Defensoría del Pueblo advierte que fenómenos recientes, como el huracán Melissa, que ha causado graves afectaciones en el Caribe, deben ser un llamado de atención para las autoridades encargadas de la gestión del riesgo de desastres. El cumplimiento de los compromisos adquiridos no es solo una obligación legal y jurídica, sino también ética y moral, pues la inadecuada reconstrucción ha dejado a la población en una situación de mayor vulnerabilidad que antes del paso de Iota.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la temporada de huracanes en el Caribe se extiende hasta el 30 de noviembre, con la posibilidad de que se presenten más de nueve huracanes este año. En ese contexto, la Defensoría alerta que la población de Providencia aún carece de viviendas seguras y adecuadas, zonas de refugio resistentes, servicios de salud suficientes, información clara y oportuna, y una respuesta institucional efectiva.

Esta situación constituye una grave vulneración de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vivienda digna, al trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la participación, a la información y libertad de expresión, a la salud, al ambiente sano y a la seguridad frente a desastres técnicamente previsibles.

La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la protección integral de las comunidades isleñas y continuará realizando seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y de la sentencia constitucional, en el marco de su función de vigilancia preventiva del respeto y garantía de los derechos humanos en los territorios más vulnerables del país.