La entidad intervino ante el alto tribunal para respaldar la declaratoria de emergencia que cubre 181 municipios de ocho departamentos, donde comunidades rurales y étnicas perdieron acceso a salud, agua, alimentos y ayuda humanitaria tras las inundaciones de febrero de 2026.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad del Decreto 150 de 2026, "por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional".

La entidad consideró que se registró una grave calamidad pública en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena, cuyos impactos sociales y ambientales demandan el aumento del recaudo en un contexto de déficit presupuestal y el uso de facultades normativas especiales para conjurar la extensión de estos efectos.

Para la Defensoría del Pueblo, el frente frío, las intensas lluvias e inundaciones registradas entre el 1 y el 6 de febrero de 2026 agravaron situaciones históricas como el deficiente ordenamiento territorial y afectaron 181 municipios de ocho departamentos.

La entidad identificó graves afectaciones a la población, entre ellas: restricciones a la movilidad, desplazamiento forzado y aislamiento parcial o total de comunidades rurales y étnicas —sujetos de especial protección constitucional—, con limitaciones en el acceso a servicios esenciales como salud, vivienda, educación, agua potable, alimentación y ayuda humanitaria.

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Documentos relacionados

• Intervención en el expediente RE-390. Control de constitucionalidad del Decreto 150 de 2026 "por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional".
• Anexo: información sistematizada sobre afectaciones a derechos fundamentales, proporcionada por las Defensorías Regionales de las zonas más afectadas por la emergencia.