Preocupante informe de la Defensoría del Pueblo sobre la segunda vuelta presidencial. Hay una alerta electoral en 136 municipios.

Luego del levantamiento de la tregua ofrecida por las Farc y el ELN hasta la semana anterior y el escalamiento de la violencia en algunas regiones del país, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo a través de un estudio con fuentes en el terreno y sus 36 regionales a nivel nacional, elaboró un informe de riesgo electoral de cara a la segunda vuelta de los comicios presidenciales, prevista para el próximo 15 de Junio.

El documento, que tiene en cuenta los escenarios que por alteraciones al orden público podrían afectar el normal desarrollo de la justa democrática mediante infracciones a los derechos humanos, establece una reducción del 40 por ciento respecto al diagnóstico realizado para las elecciones de 2010 cuando había 223 municipios en situación de peligro. 

"Con respecto a las elecciones presidenciales del año 2010, hay una significativa reducción de municipios en riesgo por violencia en el marco de las elecciones a la Presidencia. Un 40 por ciento de reducción porque hace cuatro años se identificaron 223 municipios en riesgo por posible alteración de orden público en el marco de las elecciones presidenciales", aseguró el director nacional del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, Jorge Enrique Calero.

En esta oportunidad, la alerta cobija a 136 localidades del país, 54 de las cuales fueron catalogadas con riesgo extremo y 82 con riesgo alto. Estas poblaciones están distribuidas en 15 y 21 departamentos de la geografía nacional, respectivamente.

Las regiones con mayor vulnerabilidad son Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.

En cuanto a los grupos con mayor incidencia frente a posibles acciones violentas o relacionadas con delitos electorales, aparecen las Farc y el ELN a la cabeza, que junto a las estructuras armadas posdesmovilización de las Autodefensas como 'El Clan Úsuga' (también conocido como 'Los Urabeños' y en algunas regiones como Autodefensas Gaitanistas), 'Los Rastrojos', 'La Empresa', 'Los Libertadores del Vichada' y 'el Bloque Meta', mantienen la presencia activa en decenas de municipios donde la confrontación, las amenazas, la extorsión y en algunos casos el desplazamiento forzado, atemorizan a las comunidades.

"Uno podría identificar por parte de las guerrillas unas regiones donde podrían ser los presuntos responsables de acciones violentas como hostigamientos y ataques armados contra estaciones de Policía y unidades militares, que puedan estar brindando seguridad a los puestos de votación, o que puedan también restringir la movilidad de las comunidades", precisó Calero.

Por esa razón, y teniendo en cuenta el buen comportamiento del orden público durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 25 de Mayo, cuando el certamen democrático se llevó a cabo sin ninguna clase de contratiempos para los votantes, la Defensoría del Pueblo considera necesario que se mantenga el dispositivo de la Fuerza Pública en cabeceras municipales y zonas rurales, al tiempo que estima deseable la extensión de un nuevo cese al fuego por parte de los grupos armados ilegales, especialmente aquellos que han mostrado interés en avanzar hacia la paz, ya que gestos de esta naturaleza fortalecen la confianza de los ciudadanos.

La Defensoría también llama la atención sobre tres corregimientos en particular, desde los cuales se han recibido denuncias sobre posibles presiones como consecuencia del conflicto. Son ellos Puerto Santander y La Victoria en el Amazonas, así como Barrancominas, en el departamento del Guainía.