San Onofre (Sucre), 11 de diciembre de 2025 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo realizó una jornada de verificación defensorial en Bocacerrada, corregimiento del municipio de San Onofre, Sucre, donde hay una crisis humanitaria y social profunda que afecta a sus más de 600 habitantes. Este lugar, además, está incluido en la Alerta Temprana 033-22, lo que evidencia un contexto de vulnerabilidad extrema que aumenta sus riesgos frente a las dinámicas del conflicto armado.

Servidoras y servidores de la entidad nacional garante de los derechos humanos verificaron graves afectaciones en salud, servicios públicos, educación, vivienda, saneamiento básico y derechos colectivos que comprometen la calidad de vida de la comunidad.

Los hallazgos revelan que Bocacerrada carece de acueducto, no cuenta con agua potable y sus habitantes deben desplazarse largas distancias para abastecerse de fuentes naturales sin tratamiento adecuado. El puesto de salud opera sin personal médico permanente, en infraestructura precaria y sin condiciones mínimas para una atención digna. Hay ausencia total de alcantarillado, disposición inadecuada de excretas, deficiencias graves en la recolección de residuos y riesgos sanitarios por la presencia de animales sin control.

Estos factores afectan a la población afrodescendiente que allí habita, reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva Étnica, por lo que requiere la implementación de un enfoque diferencial en todas las medidas de protección.

La infraestructura educativa presenta deterioro severo y solo cuenta con un docente para 70 estudiantes. No hay restaurante escolar, mobiliario suficiente ni condiciones adecuadas para las jornadas académicas. A ello se suma el acelerado proceso de erosión costera, que ha destruido calles, viviendas y espacios comunitarios, generando un escenario crítico que afecta la seguridad territorial y la permanencia de la comunidad. Este acumulado de afectaciones evidencia una deuda histórica del Estado frente a los derechos educativos, ambientales y de hábitat digno.

Estrategia de litigio estructural

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo activará una estrategia de litigio estructural, la cual contempla tutelas para exigir agua potable, salud y educación; acciones populares para la protección del ambiente sano, así como acciones de cumplimiento ante obligaciones estatales incumplidas. Adicionalmente, la entidad impulsará la formulación y ejecución del Plan Integral de Reparación Colectiva (Pirc), mecanismo clave del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv), para abordar de manera articulada y sostenible las múltiples vulnerabilidades que enfrenta el corregimiento.

La Defensoría requiere la acción inmediata de entidades como la Alcaldía de San Onofre, la Gobernación de Sucre, la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), la operadora del servicio de energía eléctrica Afinia, las secretarías departamentales de Salud y Educación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, además de otras instituciones competentes.

Plan de acción prioritario en tres fases

• Urgente (0-90 días): Suministro temporal de agua potable, jornada integral de salud, control sanitario, baños ecológicos, recuperación de áreas críticas y revisión eléctrica.
• Estructural (3-18 meses): Construcción del acueducto rural, plantas de potabilización, pozos sépticos, redes eléctricas seguras, obras de contención costera y fortalecimiento de infraestructura educativa y sanitaria.
• Sostenibilidad (18-36 meses): Proyectos productivos, recuperación ambiental, fortalecimiento del consejo comunitario y seguimiento al Pirc.

La Defensoría del Pueblo enfatiza sobre la necesidad de implementar procesos continuos, participativos y sostenidos de promoción y divulgación de derechos humanos y participación ciudadana, orientados a fortalecer capacidades, acercar la institucionalidad y mejorar la incidencia de la comunidad en la exigibilidad de sus derechos.

Igualmente, hará acompañamiento permanente para verificar el cumplimiento de los compromisos institucionales y garantizar que la población afrodescendiente de Bocacerrada reciba la atención integral que exige su dignidad, su historia y su condición de especial protección.