Ante la dinámica de las expresiones de violencia en Sincelejo, donde según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a 30 de Septiembre la cifra de homicidios en esa ciudad superaba al acumulado total del año anterior, con 44 muertes violentas, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo realizó una investigación en terreno para actualizar los escenarios de riesgo de violación a los derechos humanos, y a partir de allí elaboró un nota de seguimiento que el 19 de noviembre fue enviada a Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) del Ministerio del Interior.

 

El documento de advertencia señala que de un contexto de confrontación entre grupos post desmovilizados o llamadas “bandas criminales”, se pasó a otro de consolidación de un actor predominante, como es el llamado “Clan Úsuga”, más conocido en la región bajo el nombre de “Autodefensas Gaitanistas”.

 

El estudio realizado por la Defensoría permitió establecer que en el ámbito urbano, hay evidentes condiciones de riesgo en los sectores periféricos de las comunas 1,6,8 y 9, particularmente en barrios como Altos de la Sabana, Bogotá, La Pollita, la Esmeralda, El Cocuelo, Simón Bolívar, Bellavista, Costa Azul, El Edén, El Poblado y Villa Madis, donde la cooptación de pandillas juveniles y estructuras de la criminalidad organizada ha potencializado el desarrollo de economías ilegales y el ejercicio de la violencia.

 

En estos sitios, son comunes actividades como la instrumentalización de jóvenes para ejercer labores de vigilancia y para el expendio local de estupefacientes en la modalidad de venta a domicilio (a cambio del supuesto pago de mensualidades entre los 800 mil y el millón de pesos), sumado ello a la explotación sexual que en algunos casos se ejerce contra adolescentes de entre 14 y 18 años, quienes son abusadas con fines económicos al estilo del mal llamado “prepago”. También se observan en estas comunas de Sincelejo fenómenos como las amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos, las cuales se dan de manera individual a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, así como de forma colectiva mediante la distribución de panfletos, situación que se suma al desplazamiento de personas desmovilizadas y sus familias, como resultado de presiones para que se vinculen al grupo armado, sin contar con las extorsiones a comerciantes y docentes, contra quienes ya se han materializado acciones violentas por el no pago de la vacuna.

 

Ya en las zonas rurales, el escenario de riesgo está fundamentalmente asociado al control de los corredores estratégicos para el  transporte y embarque de narcóticos por las rutas que conectan las áreas de cultivo en el sur de Córdoba y el Urabá, con los puertos naturales ubicados en el Golfo de Morrosquillo, los municipios de Tolú y San Onofre, así como la zona costanera de Córdoba, actividad que pone en peligro a las comunidades que habitan corregimientos como Cerrito La Palma y Laguna Flor.

 

La Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT), en los próximos días sesionará para analizar la situación y tomar las medidas de prevención de violaciones a los derechos fundamentales de la población civil de Sincelejo.