Bogotá, 22 de noviembre de 2024 (@DefensoriaCol).  En el Senado de la República, la Defensoría del Pueblo acompañó la radicación del proyecto de ley cuyo fin es que sea reconocida, garantizada y protegida la defensa de los derechos humanos que hacen personas y organizaciones desde los territorios. Otro de los fines de la iniciativa legislativa es apostarle a la protección y el respeto por parte del Estado hacia quienes se dedican a tan importante labor.

En esa línea, incorpora la creación de mecanismos de prevención, protección y participación, además de que establece una normativa clara para la coordinación efectiva entre las autoridades nacionales y territoriales, buscando una acción articulada y eficiente.

El vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina Palacios, quien acompañó el acto público de presentación del proyecto que, entre otros, establece principios claves para asegurar que defensoras y defensores de derechos humanos puedan hacer su trabajo sin temor a represalias o violencias, que lo puedan ejercer en entornos de seguridad y libertad, destacó que el texto está respaldado con un marco jurídico efectivo, marco que podrá rescatar lo que dictan tratados internacionales sobre protección de los derechos humanos.

Además, resaltó que la iniciativa vincula jurídicamente a todas las autoridades en el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la garantía de derechos, lo cual implica que el Estado deberá tener un enfoque coherente en la materia. También constituye, aseguró Molina Palacios, un homenaje a defensoras y defensores de derechos que han ofrendado su vida en el ejercicio de su labor en los territorios.

La iniciativa legislativa fue presentada en el Auditorio Luis Guillermo Vélez, del edificio nuevo del Congreso, por la senadora Jahel Quiroga, con el acompañamiento de  representantes de la Comisión Colombiana de Juristas, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, otros congresistas y personas lideresas y representantes de organizaciones que defienden los derechos humanos.