Bogotá, 19 de octubre del 2022 (@DefensoriaCol).  Las amenazas contra líderes sociales, ambientales y comunales, y personas defensoras de derechos humanos, además de intimidaciones a la población civil, son tan solo algunos de los riesgos a las vulneraciones de los derechos humanos que detectó la Defensoría del Pueblo en Santander y Antioquia y por las que emitió la Alerta Temprana 027 del 2022.

El equipo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo estableció que existe alto riesgo para las comunidades y líderes de los municipios de Barrancabermeja, Simacota y Puerto Wilches en Santander y en Yondó, Antioquia.

En esta zona existe un proceso de expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ELN y disidencias de las FARC. A este escenario se suma la presencia grupos de delincuencia organizada que controlan el narcotráfico y las rentas criminales en zonas vulnerables, lo que ha incrementado la violencia.

La Defensoría del Pueblo reafirmó que las amenazas e intimidaciones obedecen a la lógica de los grupos armados ilegales y delincuenciales de mantener el control e intentar persuadir, de manera violenta, a los líderes que denuncian actividades ilícitas de estos grupos ilegales. Los actores armados también estarían tratando de incidir o cooptar las labores comunitarias que adelantan las juntas de acción comunal o juntas de vivienda.

“Desde la Defensoría del Pueblo hemos emitido 31 recomendaciones a distintas autoridades civiles y a la fuerza pública para que, bajo un enfoque de seguridad humana y garantía de los derechos de las comunidades, adelanten acciones de prevención y disuasión del contexto de amenaza y de esta manera garantizar la vida y bienestar de las personas que habitan estos territorios”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.  

En una de las recomendaciones, la Defensoría del Pueblo le pide al Ministerio del Interior, Entidad que ejerce la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), apoyar la coordinación de la respuesta estatal en materia de prevención y protección por parte de las autoridades.

El Defensor del Pueblo les recordó a las instituciones la naturaleza humanitaria y preventiva de las alertas tempranas. “A los grupos armados ilegales les reitero la necesidad manifiesta por los colombianos de vivir en paz; por eso resulta fundamental que cesen todas las acciones que afectan a la población civil y que muestran verdaderos gestos de paz”, puntualizó Carlos Camargo.