Negación de servicios, suspensión de contratos, barreras de acceso a IPS son algunos de los casos de vulneración a pacientes en 13 departamentos.

En un recorrido sobre la prestación de los servicios en salud de los afiliados a la EPS Caprecom tras el nuevo anuncio del Gobierno de liquidación de la entidad, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la vulneración de este derecho fundamental y la falta de un plan de contingencia que permita garantizar la atención a los cerca de tres millones de usuarios del régimen subsidiado.

El informe indica que en el territorio nacional se han encontrado al menos 453 casos de violación de los servicios en 13 departamentos.

Negación, suspensión de contratos con establecimientos carcelarios, barreras de acceso a IPS que temen una cesación definitiva en los pagos, entre otros, son algunos de los aspectos que plantea el ente de control y que evidencia la dificultad de los usuarios para ser atendidos.

La Defensoría del Pueblo explicó que en varios departamentos se presentan irregularidades. 

En el departamento del Tolima 89 pacientes están pendientes de remisiones; en Quindío 199 órdenes de cirugías están por autorizar; en Putumayo hay 30 quejas de usuarios por negación de transporte de niños y adultos mayores, tratamientos, medicamentos y consultas con el especialista.

No presentan una situación diferente los departamentos de Casanare, donde reposan 18 quejas contra Caprecom y 12 tutelas por no prestar los servicios en salud. 

A esta situación se suman los departamentos de Bolívar, Caldas, Cauca y Cundinamarca donde se evidencia la crisis. 

En la cárcel de Riohacha, la más hacinada del país, el contrato con Caprecom venció el 15 de octubre y en la de Guaduas, en Cundinamarca, hay 14 internos pendientes de traslado para tratamiento siquiátrico, uno diagnosticado con VIH y 23 más con tuberculosis.

A lo anterior se añaden situaciones igualmente preocupantes en regiones como Arauca, Vichada, Córdoba y Urabá, donde los afiliados a Caprecom también padecen los rigores de la cartera morosa y la inminente liquidación anunciada por el Gobierno.

Frente a la crítica situación de Caprecom y la incertidumbre de los usuarios de esta entidad, la Defensoría del Pueblo envió una segunda solicitud ante la superintendencia del ramo para que tome medidas que garanticen el servicio a los pacientes y presenten el respectivo plan del contingencia.