Adoptar medidas concretas que conduzcan a la satisfacción plena y garantía del derecho a la alimentación y mejorar la producción, conservación y distribución de los alimentos en todo el territorio nacional, fueron dos ejes del taller ‘Rol de las entidades como garantes del derecho a alimentación y la soberanía alimentaria’, el cual desarrolló la Defensoría del Pueblo a través de su Delegada para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales (Desc) en la Universidad Luis Amigó de Montería, Córdoba.

Este espacio académico y de retroalimentación fue dirigido por representantes del Programa de Alimentos de las Naciones Unidas, evento al que asistieron cerca de 100 personas.

Entre las entidades con competencia sobre la materia asistieron representantes de la Universidad de Córdoba, Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, Diócesis de Montería, Secretaría de Gobierno Municipal, Personeros de Valencia, Tierralta y Momil, como también uniformados de la Policía de Derechos Humanos y rectores de instituciones educativas del municipio.

Asimismo, hicieron presencia delegados de gremios y asociaciones del sector alimentario, agropecuario y nutricional como Corpoica, Banco de Alimentos, Oficina de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Gobernación de Córdoba y las Secretarías de Educación Municipal y Departamental del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y funcionarios de la Regional Córdoba.

Dicho escenario sirvió para que las diferentes entidades con competencia en el departamento articulen estrategias que velen por el derecho que tienen los habitantes del territorio contra cualquier forma de mal nutrición.

 Desde la Defensoría se hizo hincapié en que la participación de todos los actores de la sociedad es relevante cuando se atraviesan momentos cruciales en la definición de las estructuras y modelos de desarrollo encaminados a la garantía del derecho a la alimentación adecuada.

Durante la actividad los asistentes pudieron a través de talleres identificar las fallas en los programas y estrategias alimentarias que se ejecutan en la región y como desde cada entidad se pueden desarrollar soluciones que beneficien a las comunidades.

De igual forma se dialogó sobre los procesos legislativos y cómo a través de estos se debe adoptar una legislación marco sobre seguridad alimentaria y nutricional que se ajuste a las necesidades de cada región y que su estructuración se fundamente en la disponibilidad, accesibilidad, soberanía y garantía progresiva.