Bogotá, 6 de noviembre de 2024 (@DefensoriaCol). Con el objetivo de abordar la crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive en los centros de detención de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para Política Criminal y Penitenciaria, lideró la Primera Mesa Nacional Penitenciaria y Carcelaria.

En esta instancia, representantes de autoridades locales y nacionales realizaron un diagnóstico exhaustivo de la situación y trabajar en la construcción de compromisos específicos que den respuesta a esta problemática.

Actualmente, el promedio de hacinamiento en los centros de detención transitoria de la capital se sitúa en un alarmante 167%, y el acceso a servicios básicos continúa siendo limitado, lo que afecta las condiciones mínimas de dignidad de las personas privadas de la libertad.

En las estaciones de la Policía Metropolitana en localidades como Bosa, Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal, los niveles de sobrepoblación oscilan entre el 300% y el 600%, un panorama que requiere intervenciones inmediatas y efectivas.

En esta mesa de alto nivel, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a todas las entidades competentes a dar respuestas concretas y sostenibles para reducir el hacinamiento y asegurar las condiciones básicas de salubridad en estos centros. También reafirmó su compromiso de velar por los derechos de las personas privadas de la libertad y garantizar que sus condiciones de reclusión cumplan con los estándares mínimos de dignidad y respeto a los derechos humanos.

Entre los compromisos adquiridos en esta reunión, se destaca la programación de una brigada de atención integral en salud y acompañamiento jurídico en los centros de detención con mayores niveles de hacinamiento en Bogotá. La Defensoría del Pueblo, desde su Delegada para Política Criminal y Penitenciaria supervisará de cerca el cumplimiento de estos acuerdos, con el fin de asegurar que las soluciones planteadas se traduzcan en mejoras reales y sostenibles.

La Defensoría del Pueblo continuará trabajando en la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, reafirmando su papel como garante de los derechos humanos y promotor de una justicia más humana y equitativa en nuestro país.