Se trata en esencia de un acuerdo operacional para fiscalizar por una parte el manejo de los recursos relacionados con el sistema, afectado por prácticas de corrupción que según estimativos de la Contraloría General de la República se aproximan a los 8 billones de pesos. 

De hecho, el pronunciamiento de la Corte asigna a la Superintendencia Nacional de Salud la definición de un conjunto de medidas preventivas para identificar, prevenir y dar a conocer eventos sospechosos de corrupción y fraude, como los descubiertos en Junio de 2011, cuando fueron capturadas 22 personas por prácticas indeseables en las EPS. En este sentido, la Defensoría del Pueblo ejercerá una labor de acompañamiento e inspección, particularmente en relación con los recobros del Fosyga, que muestran un incremento inusitado, superando la cifra de 2 billones de pesos durante los últimos dos años. 

Por otra parte, la Institución, en cabeza del Defensor Jorge Armando Otálora Gómez, liderará una estrategia conjunta con la Superintendencia, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para más allá del tema de los recursos, vigilar la prestación de los servicios, desde la asignación de citas médicas hasta la entrega de medicamentos, con el fin de evitar más muertes por negligencia y asegurar los derechos mínimos de los usuarios y cotizantes. 

Finalmente, el Defensor del Pueblo anunció que estará atento a la entrega de informes bimensuales de avance por parte del Ministerio de Salud, cuyo contenido será cruzado con la auditoría que realice la Entidad, a fin de verificar la eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno y el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional.