En el marco de los 25 años de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas para Personas con Discapacidad, se realizó el foro “Discapacidad, Justicia y Derechos” en conjunto con la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo y la Facultad de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

Este foro contó con la participación del Delegado para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Alberto Valcárcel, quien enfatizó en los procesos que se han llevado a cabo desde la Defensoría del Pueblo para identificar las principales barreras que hay para las personas con discapacidad en el país.

 

Desde la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se realizó un análisis a las principales barreras a las que se ven enfrentadas las personas con discapacidad y se encontró que la educación básica primaria y la educación superior es donde se presentan mayores problemas de acceso.

Este índice llevó a analizar la situación de estudios universitarios para personas con discapacidad en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, en donde se encontró que las universidades públicas son las que poseen menos recursos para brindar asistencia e infraestructura acorde con las necesidades de estos estudiantes.

Por otro lado, la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo coincidieron en que debe haber un manejo interinstitucional, ya que la Personería, en muchas partes del país, posee una capacidad de acción mucho menor a la que la Defensoría del Pueblo puede ejecutar. Esta capacidad de acción de la Defensoría del Pueblo se respalda en la búsqueda de ofrecer el servicio de acompañamiento de Defensoría Pública para Personas con Discapacidad.

El foro, asimismo, contó con un panel de discusión sobre las obligaciones internacionales en materia de discapacidad, entre quienes sobresalió María Soledad Cisternas del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Soledad Cisternas destacó que a nivel internacional los Estados deben contar con obligaciones que aseguren el cumplimiento del articulado de esta convención internacional. De igual forma, resaltó que los Gobiernos deben adoptar todas las medidas en cuanto a legislación y políticas públicas, con el fin de asegurar la protección a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, así como consultar a organizaciones y a la sociedad civil, sobre enfoques diferenciales que permitan asegurar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.