Destaca también la Defensoría que en la violencia conyugal, que recae en un 90% sobre las mujeres, como en los delitos sexuales ocurridos al interior de la familia (80%), el fenómeno de la impunidad es enorme, debido a la consumación de la conducta en el espacio privado, sustraído en parte del escrutinio estatal, lo que produce un altísimo subregistro en el que tienen un peso específico factores como el miedo a la retaliación por parte de los agresores, la dependencia económica y afectiva, la naturalización del acto violento y el desconocimiento de los derechos, entre otros.

Las violencias intrafamiliar y sexual tienen como principales víctimas a las mujeres, los niños y las niñas. En Colombia, en el año 2005, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INML y CF, realizó 61.482 dictámenes de lesiones personales por violencia intrafamiliar. El 61,2% correspondió a maltrato de pareja, 22,2% a maltrato entre familiares y el 16,6% a maltrato infantil. El porcentaje de variación entre los años 2004 y 2005, fue del 27,2% en la denuncia de la violencia intrafamiliar. 

Una de las conductas más lesivas contra los derechos a la integridad personal, a la libertad y al respeto de la dignidad humana, es la violencia sexual que sitúa a las mujeres, los niños y las niñas en condición de extrema vulnerabilidad, muchas veces sin la posibilidad de informar o denunciar los maltratos ante las autoridades competentes. 

Menores los más afectados

En materia de violencia sexual, el INML y CF realizó durante el año 2005, 18.474 dictámenes sexológicos, 562 (17,9%) casos más que en el 2004. El 84,2% de las víctimas fueron mujeres, lo que implica que por cada cinco mujeres victimas, un hombre, generalmente niño, fue víctima de esta violencia. El 70,6% de las víctimas fueron menores de 18 años, siendo la población más afectada (42%) las niñas entre los 10 a 14 años. En 9.898 casos se trató de víctimas entre 5 y 14 años. La mayoría de los casos ocurrieron en la vivienda 66,7%; y en el 80% de los casos el agresor era conocido de la víctima. 

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud Profamilia 2005, en materia de violencia física conyugal, halló que el 39% de las mujeres alguna vez casadas o unidas, reportaron haber sufrido agresiones físicas por parte del esposo o compañero. Este resultado representa una disminución de solamente dos puntos porcentuales cuando se compara con el obtenido en la ENDS 2000.

El orden por porcentajes de los diferentes tipos de violencia física es: la ha empujado o zarandeado (33 %), la ha golpeado con la mano (29 %), la ha pateado o arrastrado (13 %), la ha violado (12 %), la ha golpeado con un objeto duro (9 %), la ha amenazado con armas (8 %), ha tratado de estrangularla o quemarla (5 %), la ha atacado efectivamente con armas (4 %) y la ha mordido (3 %). La sumatoria de los totales es mayor de 100, debido a que una mujer puede haber sufrido más de un tipo de violencia física.

El 85.4% de las mujeres violentadas tuvo alguna lesión como consecuencia de la agresión, el 55% resultó con moretones, el 13% con heridas o huesos quebrados, el 1.7% abortó o perdió el hijo, el 2.2% perdió un órgano, 23.7% deseó suicidarse, 49.7% sintió que no valía nada, 31.1% vio afectada la relación con los hijos, 19.8% no volvió a hablar con nadie, 36.4% disminuyó la productividad, 40.4% se enfermó físicamente, 39.1% se enfermó de la cabeza y el 72% perdió el interés en el sexo. El 16 % del total de mujeres entrevistadas manifestó haber sido objeto de violencia física por parte de una persona diferente al esposo o compañero, según la misma encuesta de Profamilia.

Llama la atención que el 76 % de las mujeres maltratadas físicamente no haya acudido a ninguna parte para denunciar la agresión de la que fue objeto. Los sitios a donde más frecuentemente acuden las mujeres que denuncian son: inspecciones de policía (9 %), comisaría de familia (8 %), ICBF (4 %), Fiscalía (5 %) y juzgados (2 %). 

Sin incluir los abusos sexuales provenientes del esposo o compañero, el 6 % de las mujeres reportaron haber sido forzadas a tener relaciones sexuales. Las entrevistadas mencionaron principalmente a desconocidos (21 %), amigos (19 %), parientes (15 %), ex marido (13 %) y el novio (8 %). El padre es reportado como el violador en el 3 % de los casos y el padrastro en el 4 %.

Violencia sexual como arma de guerra

Como agravante de la crisis humanitaria que vive el país, el uso de la violencia sexual como arma de guerra en el conflicto colombiano es cada vez más evidente; ésta hace parte de un conjunto de prácticas comunes en el contexto de la degradación del conflicto. El control físico de las mujeres (retención, violación, prostitución y explotación sexual de niños-as) hace parte del control simbólico de un territorio y su población. Por lo general la intimidación y la amenaza directa obligan a las mujeres a guardar silencio y a no denunciar estas prácticas en las que incurren integrantes de los grupos armados ilegales.

De acuerdo con el Estudio Salud Sexual y Reproductiva en Zonas Marginadas, Situación de las Mujeres Desplazadas, realizado por PROFAMILIA en el año 2005, el 13.2% de las mujeres desplazadas por el conflicto fue violada por el esposo o compañero y el 8.2% de ellas manifestó haber sido violada por una persona diferente al cónyuge. Entre éstas, la persona que las forzó a tener relaciones sexuales fue un desconocido (27.2%), el ex marido (14.7%), un amigo (16.7%), el hermano (5.9%) y otro pariente suyo (10.8%) entre otras. 

La violencia intrafamiliar se exacerba como consecuencia del conflicto armado, prueba de ello lo constituye el 44.3% de mujeres desplazadas por el conflicto armado que manifestaron haber sido víctimas de violencia física por parte del esposo o compañero (Encuesta Nacional de Demografía y Salud Profamilia 2005). Adicionalmente el porcentaje de mujeres desplazadas por el conflicto armado que experimentaron algún tipo de violencia física durante el embarazo es del 18.5%. 

Finalmente, el Defensor del Pueblo reitera la pertinencia de la construcción colectiva, consensuada y consentida de una ley contra las violencias de género, que recoja la diversidad de esfuerzos de la sociedad civil representada en las organizaciones para la promoción, protección y defensa de los derechos de las mujeres, y frente al cual la Defensoría expresa su decidido apoyo y acompañamiento técnico a través de una iniciativa legislativa que viene siendo promovida por el movimiento social de mujeres y que esperamos que tenga eco en todos los sectores de la sociedad.